Madrid, SP.- En una votación celebrada en el Congreso, la Proposición no de Ley presentada por la diputada Cristina Valido García (Coalición Canaria) ha sido aprobada con mayoría, frenando la privatización de las torres de control de AENA. La votación, que contó con amplio respaldo, refuerza la decisión de mantener bajo control público las torres de El Hierro y La Gomera, y elimina el sistema AFIS en estos aeropuertos. La medida busca fortalecer la seguridad y garantizar una gestión pública de los servicios aéreos en las islas menores.
La Proposición no de Ley presentada por Cristina Valido García (Coalición Canaria) para frenar la privatización de las torres de control de AENA y eliminar el sistema AFIS en los aeropuertos de El Hierro y La Gomera recibió un respaldo significativo de diversas fuerzas políticas. Entre los grupos que apoyaron la medida se encuentran el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos y otros partidos regionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Estos grupos coincidieron en la necesidad de mantener bajo control público los servicios esenciales en aeropuertos insulares.
Por otro lado, formaciones políticas como el Partido Popular (PP) y VOX mostraron reticencias, argumentando que la privatización podría suponer una mejora en la eficiencia de los servicios, aunque finalmente quedaron en minoría durante la votación. La decisión fue celebrada como un triunfo para la seguridad y la soberanía sobre la gestión aeroportuaria de las islas, especialmente en aquellas de menor tráfico, como El Hierro y La Gomera.
La votación, refleja una amplia mayoría a favor de la propuesta, consolidando así el respaldo parlamentario a la no privatización de los servicios de control aéreo en estas regiones, clave para la conectividad y el desarrollo económico insular.
Una historia de la época de José Blanco que ahora termina…
La privatización de las torres de control en España comenzó en 2011 como parte de una reforma en el sector de la navegación aérea, impulsada por el gobierno con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los costes. AENA seleccionó una serie de aeropuertos en los que los servicios de control serían gestionados por empresas privadas, mientras que otros continuarían bajo gestión pública. El proceso, que implicaba la transferencia de funciones críticas como la gestión del tráfico aéreo, suscitó debate en torno a la seguridad, la calidad del servicio y la soberanía sobre infraestructuras estratégicas.
El proceso de privatización se enfocó en torres de control de aeropuertos medianos y pequeños, mientras que los grandes centros de control de tráfico aéreo como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat siguieron bajo control de AENA. Empresas privadas asumieron la operación de algunas torres, asegurando que cumplirían con los estándares de seguridad y operatividad estipulados por la normativa europea y española.
A lo largo de los años, críticos de la privatización argumentaron que, aunque la medida podría mejorar la eficiencia, los intereses económicos de las empresas privadas podrían afectar la seguridad y la calidad del servicio en aeropuertos estratégicos para la conectividad regional, como los de las islas Canarias. Por otro lado, defensores del proceso señalaron que la privatización había logrado reducir los costes operativos y aumentar la competitividad en el sector sin sacrificar la seguridad aérea.
La Proposición no de Ley aprobada en el Congreso refleja estas preocupaciones, sobre todo en relación a aeropuertos de menor tamaño como los de El Hierro y La Gomera, que dependen en gran medida del tráfico aéreo para mantener la conectividad con el resto de las islas y la península. En particular, la propuesta busca revertir el sistema AFIS, el cual se aplica en aeródromos con menos tráfico, y restaurar el control manual por parte de controladores aéreos formados, asegurando así una mayor supervisión y seguridad en estos entornos aeroportuarios sensibles.
El proceso de privatización de las torres de control en España tuvo su origen durante el mandato de José Blanco como Ministro de Fomento (2009-2011). Fue bajo su dirección cuando se impulsó una reforma que permitió la entrada de operadores privados en la gestión de torres de control en aeropuertos, con el fin de aumentar la eficiencia del sector aéreo. Esta decisión, que sigue siendo objeto de debate, marcó un hito en la liberalización del tráfico aéreo en España, y ahora está siendo reevaluada a la luz de la Proposición no de Ley aprobada recientemente en el Congreso.