El Ministerio de Trabajo ha paralizado la tramitación del nuevo convenio colectivo de Aena y Enaire tras detectar irregularidades legales en su redacción y constatar la ausencia del preceptivo aval por parte del Ministerio de Hacienda. El frenazo ha generado inquietud tanto en los trabajadores como en los sindicatos y directivos de ambas entidades, que consideran el acuerdo esencial para garantizar la estabilidad laboral y operativa del sector aeroportuario y de navegación aérea en España.
El documento, fruto de intensas negociaciones durante más de un año, contemplaba mejoras salariales, actualizaciones en las categorías profesionales, y nuevas fórmulas de organización del trabajo en un contexto de fuerte recuperación del tráfico aéreo. Su entrada en vigor estaba prevista para este verano, coincidiendo con la temporada alta y con una carga operativa récord en aeropuertos y centros de control.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que el convenio presenta “disposiciones que podrían contradecir la normativa laboral vigente aplicable a las entidades públicas empresariales”, especialmente en lo relativo a sistemas retributivos y condiciones de jornada. Además, la Dirección General de Costes de Personal de Hacienda no ha emitido aún el preceptivo informe favorable que garantice la sostenibilidad presupuestaria del acuerdo, lo que impide su validación legal definitiva.
Los sindicatos mayoritarios, como CCOO y UGT, han calificado la decisión de “parálisis injustificable” y acusan al Ejecutivo de “descoordinación política”. “El texto fue pactado con responsabilidad, con el conocimiento de las partes y dentro de los márgenes legales. Lo que ahora está ocurriendo demuestra una preocupante falta de comunicación entre ministerios”, afirman desde las centrales sindicales, que ya amenazan con movilizaciones si no se desbloquea la situación de forma inmediata.
Desde Aena y Enaire se ha optado por la prudencia, aunque se admite preocupación por el retraso. Ambas compañías dependen del marco de este convenio para planificar sus recursos humanos, cubrir necesidades críticas de personal técnico y de control aéreo, y evitar tensiones internas en plena temporada estival. Además, en el caso de Enaire, este estancamiento afecta directamente a su hoja de ruta para modernizar la estructura operativa ante los desafíos del espacio aéreo único europeo y el crecimiento del tráfico.
Este nuevo obstáculo institucional no sólo pone en riesgo los avances alcanzados en materia laboral, sino que vuelve a evidenciar la complejidad administrativa que enfrentan las entidades públicas del sector aéreo español. En un momento donde la eficiencia y la seguridad operativa son prioritarias, cualquier retraso en decisiones estructurales puede tener un impacto directo en la calidad del servicio, el clima laboral y la percepción internacional del sistema aeroportuario español.
Mientras tanto, el personal de ambos organismos sigue trabajando con los términos del convenio anterior, en un contexto muy distinto al de hace una década, con mayores exigencias técnicas, incremento del tráfico y retos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y la gestión de recursos humanos especializados. El reloj institucional corre, y cada día que pasa sin acuerdo agrava el malestar de las plantillas y pone a prueba la credibilidad del diálogo social en el sector público.