Washington, D.C. — En medio de un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos que ya cumple más de una semana, la Secretaría de Transporte ha emitido una advertencia contundente: los controladores de tráfico aéreo que opten por faltar al trabajo —aún cumpliendo jornadas sin recibir salario— podrían enfrentar despidos.
Una presión imposible de ignorar
Desde el inicio del cierre (el 1 de octubre de 2025), los trabajadores considerados esenciales —entre ellos los controladores aéreos de la Administración Federal de Aviación (FAA)— han sido requeridos para mantener operaciones críticas sin recibir compensación.
Aunque la mayoría continúa laborando a pesar de la falta de pago, un pequeño porcentaje se ha ausentado declarando enfermedad, una medida que el secretario Sean Duffy calificó como insostenible.
Duffy señaló que solo un puñado de ausencias puede generar “una perturbación masiva” en el sistema —y ha dejado claro que estos “problem children” enfrentarán consecuencias.
Retrasos que se multiplican
El cierre del Gobierno ya ha provocado un aumento notable en las demoras de vuelos. En condiciones normales, solo un 5 % de los retrasos está vinculado a temas de personal; en los últimos días, esa cifra ha ascendido a más del 50 %, según declaraciones oficiales.
Aeropuertos de gran volumen como Chicago O’Hare, Newark y Denver han reportado demoras de hasta horas; en otros aeródromos más pequeños, algunas torres de control incluso quedaron sin personal durante períodos prolongados.
Entre la lealtad y la frustración
Para los controladores, la situación es extrema. No solo afrontan el estrés habitual que conlleva su labor, sino también la incertidumbre de no recibir ingresos. Algunos han considerado recurrir a empleos secundarios para cubrir gastos básicos.
Desde el sindicato NATCA (National Air Traffic Controllers Association) advierten que una acción coordinada podría violar la ley y perjudicar la capacidad del sindicato para negociar a largo plazo.
Ecos del pasado y advertencia futura
El precedente más relevante data del cierre del Gobierno de 2018-2019: también entonces los controladores debieron laborar sin pago, y muchos comenzaron a ausentarse masivamente, lo cual contribuyó a presionar al Congreso a reabrir la administración.
Mientras tanto, la FAA enfrenta una escasez estructural de personal —actualmente unas 3,500 vacantes según estimaciones— lo que agrava la presión sobre quienes aún ejercen la función.
Si persiste el cierre, analistas advierten que podrían producirse cancelaciones significativas, especialmente en aeropuertos menos prioritarios, y que comunidades rurales dependerán de programas de subvención que pronto se quedarán sin fondos.