En una controvertida decisión, la administración del presidente Donald Trump ha despedido a cientos de empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA) apenas semanas después de un trágico accidente aéreo en Washington D.C. El siniestro, ocurrido el 29 de enero, involucró la colisión de un avión de American Airlines con un helicóptero militar Black Hawk sobre el río Potomac, resultando en la muerte de 67 personas.
Los despidos, que afectaron a aproximadamente 400 empleados, se llevaron a cabo durante el fin de semana del Día de los Presidentes. Según David Spero, presidente del sindicato Professional Aviation Safety Specialists (PASS), las notificaciones de despido se enviaron por correo electrónico desde una dirección no gubernamental, lo que ha generado críticas sobre la profesionalidad y transparencia del proceso. Spero expresó que estas acciones «aumentarán la carga de trabajo y asignarán nuevas responsabilidades a una fuerza laboral ya estresada», especialmente tras varios accidentes aéreos recientes.
La administración Trump ha defendido los despidos como parte de una iniciativa más amplia para reducir el gasto federal, liderada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por Elon Musk. El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que los recortes no afectaron a «personal crítico de seguridad» y que solo se despidió a empleados en período de prueba.
Sin embargo, expertos en seguridad aérea y representantes sindicales advierten que la eliminación de personal de apoyo esencial podría comprometer la capacidad de la FAA para mantener operaciones seguras, especialmente en un momento en que la agencia ya enfrenta escasez de personal y una serie de incidentes recientes.
Este movimiento se produce en medio de una serie de cambios y críticas dentro de la administración Trump, incluyendo la eliminación de miembros del Comité Asesor de Seguridad de la Aviación y la implementación de políticas que, según los críticos, podrían socavar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas en el país.La comunidad de aviación y el público en general observan con preocupación cómo estas decisiones podrían afectar la seguridad aérea en el futuro cercano.