Prensa SPICA.- Este martes 7 de marzo ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados el debate y votación de nueves proposiciones no de ley. Entre ellas está la relativa a la paralización de la privatización de torres aeroportuarias para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este grupo parlamentario mixto insta al Gobierno a “paralizar y retirar lo recogido en la orden ministerial de 9 de febrero de 2023” donde siete torres de control españolas pasarían a ser “gestionadas por proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo”.
Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano apunta que de cumplirse esta orden ministerial se producirán “unos cambios sin precedentes en el orden operativo existente”. Estas adjudicaciones a empresas privadas no producirán ni más eficacia, ni una reducción de costes, ni sobre todo más seguridad en las operaciones.
Los aeropuertos que se propone liberalizar, en su servicio de control, son de alta complejidad operativa, abocando esta decisión a una situación de riesgo de deterioro de los servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo respecto al servicio actual prestado a través del personal de ENAIRE, cuyas prestaciones actuales cuentan con estándares de calidad reconocidos reiteradamente por los distintos organismos estatales e internacionales.
Ruiz de Pinedo Undiano pone de ejemplo el funcionamiento de la torre de Bilbao, donde las personas asignadas a una u otra función se encuentran en el mismo espacio de trabajo para coordinarse adecuadamente en situaciones de riesgo. En el momento en el que se lleven a cabo las privatizaciones, este modus operandi cambiaría, dando lugar a situaciones de descoordinación.
“Es una tendencia liberalizadora totalmente injustificada”, señala la portavoz Inés Granollers i Cunillera. “No existen razones de seguridad, de viabilidad económica ni mucho menos de condiciones de trabajo de los operadores que expliquen y justifiquen esta medida”.
El grupo parlamentario hace mención a los informes anuales que publica Enaire desde 2013, los cuales indican que el coste de Aena para el servicio de aeródromo por operación ha ido descendiendo desde los 98,6 euros hasta los 55,6 euros en el año 2019 (el coste del año 2022 está sin publicar, y los costes de 2020 y 2021, a causa del descenso brutal del tráfico debido a la pandemia, no son datos que se puedan usar de manera comparativa en una situación de normalidad). Este coste por operación demuestra que no es un porcentaje especialmente determinante en los costes que le suponen a las compañías aéreas las tasas y tarifas que les cobra Aena por cada operación. Una política de abaratamiento de costes conlleva precarizar unos servicios que son críticos desde el punto de vista de la seguridad.
Esta medida hará que el control de aproximación y el control de aeródromo se realicen por separado, recuerda Néstor Rego Candamil, lo cual no le hace ningún favor a la viabilidad y seguridad de las operaciones aeroportuarias. El actual modelo de gestión de la aproximación y torre con el mismo personal habilitado para las dos funciones y trabajando de forma conjunta y coordinada en el mismo espacio es vital para optimizar tiempos y condiciones de seguridad. De no ser así, la seguridad —que hoy en día está completamente garantizada— solo se podría garantizar en base de penalizaciones considerables en tiempos de espera para despegue y tiempos de aproximación por tener que aplicarse tiempos y distancias estandarizadas.
Tampoco es justificable desde el punto de vista económico: “no supone un ahorro para los usuarios ni para la administración pública” Esta última, además, debe “priorizar la gestión del control de los aeropuertos desde una entidad como la de Enaire” como en el resto de Europa, donde en la mayoría de los casos los gestores privados se dan solamente en aeropuertos con baja afluencia o poco tráfico.
El diputado López Bas de Ciudadanos DEFIENDE la liberalización
Desde el Gobierno piensan que “es razonable que esta orden ministerial se pueda revisar”, aunque también creen que la tendencia de privatización de las torres de control “no han dado ningún resultado negativo” ni “han puesto en peligro la seguridad aérea”. Entendemos que al decir esto, no se han tenido en cuenta las condiciones laborales de los controladores, las cuales se han visto claramente afectadas por estos procesos liberalizadores.
La privatización de estas siete torres supone “una cesión de la soberanía nacional sobre el control de nuestro espacio aéreo”, asegura Isidro Martínez, ya que la gestión de las mismas pasaría a estar a la suerte del capital extranjero. Lejos de ser una medida que ahorre costes al país, lo cierto es que traería consecuencias económicas para España, “justamente cuando se empieza a recuperar la actividad aeroportuaria tras el periodo de la pandemia del COVID-19”.
Lucía Muñoz recuerda que hace ocho años, el Gobierno decidió privatizar el 49% de las acciones de Aena. También alude a la privatización de la torre de Palma, la cual deja a los habitantes de la ciudad sin “un margen de obra para decidir como sociedad qué necesitamos de nuestro aeropuerto”. “Los controladores de las torres privatizadas y de las que corren peligro de serlo, ante esta ocurrencia del Ministerio de Transportes llevan meses avisándonos de los peligros que esto supone: menos seguridad, menos derechos laborales, menos control público de nuestro territorios”.
La liberalización de las torres “debería basarse en una mejora de la competitividad del transporte aéreo, mayor eficiencia, menores costes para los usuarios, una mejora en la calidad del servicio; y todo ello sin comprometer la seguridad”, según Andrés Lorite. Por desgracia, ya hemos constatado por activa y por pasiva que no estamos ante estas condiciones, por lo que la privatización sigue siendo injustificada.
Representantes de ENAIRE han puesto de manifiesto lo que pensamos también desde SPICA: la complejidad técnica que tienen estos siete aeropuertos podría comprometer la seguridad aérea. “Esta liberalización carece de una planificación concienzuda y se basa en prisas e improvisaciones”, cree Andrés Lorite.
Desde el sindicato sabemos que la seguridad es lo primero. La sustitución de la plantilla por nuevos controladores dará lugar a situaciones de carencia de experiencia en escenarios operativos concretos de cada aeropuerto. Además, las condiciones de trabajo de los controladores se verán sin duda afectadas debido a la fuerte presión laboral y las obligaciones administrativas ajenas al control aéreo.
Por tanto, nos suscribimos a esta proposición no de ley que pretende paralizar y retirar la orden ministerial creada para privatizar las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalía de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.
El PSOE obligado a «frustar«
Finalmente el PSOE se ha visto obligado a aceptar una enmienda transaccional a la proposición no de ley de sus socios de Gobierno ( Bildu, ERC y BNG), lo que implica, de momento, a paralizar el proceso de liberalización. Demasiados frentes en año electoral.