Al anuncio del Ejecutivo de lanzar la mayor privatización de controladores aéreos la pasada semana, el cual ha generado mucha controversia y preocupación entre el colectivo de controladores, se suma la recomendación que según ha publicado El Español, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala, y cuyo estudio concluye que la liberalización aislada del servicio ATC de aeródromo, por prestarse conjuntamente con el servicio de aproximación, no sería económicamente eficiente.
En algunas de las torres de control de la red de aeropuertos de España, se da la circunstancia de que el servicio de aproximación se presta en conjunto con el servicio de aeródromo, que en este caso es el objeto de la privatización, por lo que en ningún caso esta privatización supone ahorro alguno sino más bien todo lo contrario. Se necesitaría duplicar una plantilla para realizar un trabajo que hoy en día lo presta un solo controlador habilitado en aproximación y en aeródromo, lo que supone un mayor costo de personal.
En esto coincide la CNMC, cuando afirma que el hecho de desligar previamente las funciones que realiza un solo controlador en dos “uno para la aproximación (prestado por los controladores de Enaire) y otro para el aeródromo (que prestarían los controladores de la empresa ganadora de la licitación, duplicaría los costes de prestación del servicio, algo que el sector de controladores no ve necesario, dado que el servicio que actualmente se presta funciona a la perfección.
la privatizacion del servicio de aeródromo no mejora la operativa, no genera ahorro de personal, ni ahorro al usuario
Lo cierto es que los controladores por su parte entienden que al tener que incrementar la plantilla, el servicio se encarecerá, por lo que no ven razón alguna para cambiar el servicio que inicialmente estaba prestando un controlador, y que además no reporta ningún beneficio al usuario, ya que no producirá ningún abaratamiento de los billetes al respecto. En conclusión, no ven sentido a un proceso que no mejora la operativa, no genera ahorro de personal, ni ahorro al usuario. De tales afirmaciones, se deduce que el único beneficio sea el que recaiga sobre una empresa privada, y donde el objetivo principal no es la seguridad, si no la de aumentar la cuenta de resultados de una empresa.
Por otro lado, en los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago, objeto del actual proceso de liberalización, el servicio de aproximación es por radar, y se combina con el de aeródromo, por lo que, de igual manera, se estarían duplicando los costes de un servicio que inicialmente era dado por un solo controlador.
Además, cabe destacar, que las condiciones laborales de un controlador privado no tienen nada que ver con las del resto de controladores, razón de la huelga que está sucediendo actualmente en las anteriores torres privatizadas, al pasar el objetivo de la seguridad a la obtención del mayor beneficio posible, sin reparar en que, de esta manera, se está precarizando el trabajo de este colectivo, dejando un servicio estratégico en manos privadas, y mermando la calidad de un servicio vital para la seguridad aérea. Resumiendo, estamos ante la lowcostización del control aéreo, con el beneplácito de un Gobierno que se autodenomina progresista y garante del servicio público.