Madrid, 2 de octubre de 2025 — El Estado español moviliza sus servicios jurídicos para responder a una orden judicial emitida en Bélgica que ha congelado pagos de la agencia europea EUROCONTROL a ENAIRE (el gestor estatal de navegación aérea), en medio de una disputa por compensaciones pendientes a empresas de energías renovables.
El conflicto de fondo
Todo tiene su origen en el año 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció un plan de subvenciones para impulsar la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Pero en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó estas primas con carácter retroactivo, generando numerosas reclamaciones de empresas afectadas.
Estas compañías acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, para demandar indemnizaciones por las pérdidas derivadas de la retirada de las ayudas. Hasta la fecha, el Ciadi ha fallado en más de la mitad de los expedientes presentados (26 de 52), dictando compensaciones que incluyen intereses y gastos legales.
El embargo y su cuantía
Las empresas perjudicadas alegan que España no ha cumplido con esos laudos arbitrales. En ese contexto, una compañía estadounidense denominada RREEF y otros actores solicitaron en Bélgica el embargo de activos españoles vinculados a pagos de EUROCONTROL. El monto bloqueado alcanza los 207,3 millones de euros.
Aunque el embargo impacta financieramente, ENAIRE asegura que la orden judicial no afecta sus operaciones esenciales, ni su capacidad de cumplir sus obligaciones frente a personal, proveedores u otros compromisos.
Reacciones y estrategia legal
Desde ENAIRE han enfatizado que esta situación es “completamente ajena” a su gestión directa de la navegación aérea, atribuyendo responsabilidad a decisiones políticas y obligaciones legales acumuladas.
Mientras, los servicios jurídicos del Estado evalúan vías de defensa procesal frente al sistema judicial belga, con el fin de desbloquear los fondos retenidos o impugnar la medida.
Implicaciones para el país y el sector renovable
Este episodio representa un escollo importante tanto para la estabilidad financiera de organismos estatales como para la credibilidad de España frente a inversores internacionales del sector energético. Si el bloqueo persiste o se extiende, podría afectar flujos de caja críticos y aumentar la tensión política entre la administración central y las empresas del sector.
Además, reaviva el debate sobre el tratamiento retroactivo de políticas públicas: las decisiones de cambio legislativo, aunque legítimas bajo soberanía nacional, pueden derivar en fuertes responsabilidades internacionales cuando afectan compromisos económicos firmados previamente.