Madrid, 8 de octubre de 2025 — En medio de un nuevo episodio de litigios energéticos internacionales, España ha dado un paso decidido para impedir que un fondo inversor ejecute el embargo de tasas de navegación aérea por valor de más de 200 millones de euros. El ministerio que dirige Óscar Puente ha autorizado que Enaire –la empresa pública responsable de controlar el tráfico aéreo y participar mayoritariamente en Aena– contrate un despacho de abogados en Bélgica para hacer frente a la demanda.
El contexto del conflicto arbitral
El origen del enfrentamiento se remonta a los recortes retroactivos a las primas renovables aprobados por Gobiernos anteriores. Varios inversores afectados presentaron arbitrajes internacionales, y algunos de los laudos resultaron favorables para las compañías reclamantes.
Uno de esos laudos reconoce un derecho de cobro al fondo Blasket Renewable Investments, que ha adquirido los derechos de ejecución de varios laudos ganados ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).
Blasket ha solicitado que los pagos que Enaire recibe de Eurocontrol (la organización europea de control del tráfico aéreo) sean embargados para garantizar el cumplimiento de la indemnización. En Bélgica, este verano, la justicia permitió que la reclamación se dirija contra esos pagos que Enaire debe recibir.
Según las fuentes que han proporcionado datos al medio, la cuantía del bloqueo solicitado asciende a 207,3 millones de euros, de los cuales 197,3 millones corresponden a obligaciones de Enaire y un remanente de 10 millones a otros compromisos menores.
¿Qué estrategia adoptará España?
Para tratar de frenar esta ejecución internacional, Enaire ha contratado el despacho belga Everest Law, especializado en arbitrajes internacionales y litigios transfronterizos. El contrato se realizó por un procedimiento negociado sin publicidad, conforme a las reglas de contratación internacional, debido a la urgencia del asunto y los plazos apremiantes.
El coste máximo estimado para este encargo ascendería a 636.218 euros, dependiendo de cuántas instancias judiciales haya que activar. El cometido del despacho será asesorar, representar y defender los intereses de España frente al procedimiento de homologación del laudo en Bélgica y posibles instancias adicionales.
Para Enaire, la operación no es nueva: ya ha estado involucrada en otros arbitrajes derivados de las primas a las renovables. De hecho, España acumula varias derrotas en este tipo de litigios desde los programas de incentivos iniciados bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y modificados posteriormente por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las implicaciones políticas y económicas
La decisión de embargar tasas de navegación aérea contra España marca una escalada en el recurso de mecanismos legales internacionales para cobrar indemnizaciones. Si las pretensiones de Blasket prosperan, no se limitarán a Bélgica. Este fondo y otros similares han buscado ya éxitos en varios países —Estados Unidos, Reino Unido, Australia— donde los tribunales han reconocido la ejecución de laudos arbitrales contra España por valor significativo.
Pero no todo es judicial. El caso tiene una lectura política: muestra hasta qué punto la reconfiguración retroactiva de políticas energéticas puede someter a un Estado a riesgos financieros enormes en el escenario global. Si bien España intentó invalidar algunos laudos dentro del sistema arbitral, los tribunales arbitrales los han descartado en la práctica.
El Ministerio asegura que recurrir a abogados en Bélgica es una medida necesaria para salvaguardar los intereses del país y evitar que activos estatales vinculados al tráfico aéreo sean comprometidos. Este episodio podría abrir nuevos debates sobre la reforma de mecanismos internacionales de arbitraje, la responsabilidad del Estado frente a inversores extranjeros y los límites de acción de fondos que compran derechos litigiosos.
¿Qué puede suceder ahora?
El caso llegará a instancias belgas, donde se decidirá si el embargo de esos pagos a Enaire puede seguir adelante. Si Blasket obtiene victorias en ese país, podría extender su acción a otros activos o territorios europeos vinculados con España.
El Estado también puede intentar acuerdos de pago anticipado, presentaciones ante tribunales superiores o presentar nulidades en procedimientos donde las garantías procesales no estén cubiertas. Pero el escenario no es sencillo: los laudos arbitrales ya han sido confirmados en varios entornos internacionales.
A corto plazo, esta crisis obliga al Ejecutivo a lidiar con una espada de Damocles financiera de alto coste político: aceptar pagos millonarios, negociar con fondos agresivos o ver cómo se embargan activos vinculados al tráfico aéreo, uno de los sectores clave del Estado.