El periodismo económico tiene una vieja tentación: convertir una tensión financiera en una escena de película. Si además aparecen palabras como “embargo”, “colapso”, “Sánchez”, “Bruselas” y “tráfico aéreo”, el cóctel está servido. Esta semana, varios titulares han sugerido poco menos que España se encamina a un apagón aéreo por los litigios pendientes con inversores de energías renovables. El más llamativo hablaba directamente de una España “sin ingresos para gestionar el tráfico aéreo”. El fondo del asunto, sin embargo, sí es serio. Y precisamente por eso conviene separar los hechos de la hipérbole.
La disputa nace de los recortes retroactivos a las primas renovables aprobados tras el boom fotovoltaico de la era de José Luis Rodríguez Zapatero y reformulados durante la etapa de Mariano Rajoy. Numerosos fondos e inversores internacionales acudieron a arbitrajes internacionales alegando que España cambió las reglas del juego cuando ya habían invertido miles de millones. Y, en muchos casos, ganaron.
Ahí aparece el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que ha mantenido una estrategia jurídica de resistencia al pago, apoyándose en argumentos de inmunidad soberana y en la doctrina europea sobre ayudas de Estado. El problema es que los acreedores han empezado a ejecutar embargos en distintos países. Bélgica se ha convertido en el escenario más delicado porque allí se canalizan pagos de Eurocontrol hacia Enaire, el gestor público de navegación aérea española.
Hasta ahí, los hechos. Ahora bien, de ahí a insinuar que España está a punto de quedarse sin capacidad para controlar aviones hay un salto narrativo importante. Sí, existen tensiones de tesorería. Sí, Enaire depende enormemente de esos ingresos. Sí, el embargo es incómodo y políticamente humillante. Pero otra cosa distinta es plantear un escenario inminente de paralización operativa, casi como si los controladores fueran a apagar los radares por falta de fondos el próximo martes.
En realidad, incluso las informaciones más alarmistas reconocen que el Estado ha activado mecanismos de liquidez, líneas extraordinarias y negociaciones judiciales para evitar precisamente ese escenario. La propia Abogacía del Estado ha planteado consignar cientos de millones para desbloquear parte de los pagos retenidos en Bélgica. Es decir: hay un problema financiero y reputacional considerable, pero no un “España se queda sin cielos”.
La exageración responde a una lógica muy reconocible del ecosistema mediático actual. Un titular como “Enaire afronta tensiones de liquidez por litigios internacionales” describe razonablemente la situación, pero no viraliza. En cambio, “España sin ingresos para gestionar el tráfico aéreo” activa automáticamente el imaginario del caos nacional: aeropuertos paralizados, controladores desesperados y un Estado fallido sobreviviendo con respiración asistida. El periodismo político contemporáneo premia más la adrenalina que la precisión.
Y, sin embargo, conviene no caer tampoco en el extremo opuesto: minimizar el conflicto sería igual de engañoso. España arrastra desde hace años un problema de credibilidad jurídica en materia energética. Los arbitrajes perdidos superan los dos mil millones de euros entre principal, intereses y costas, y los acreedores están demostrando que pueden perseguir activos españoles fuera del país.
Eso tiene consecuencias reales:
- deteriora la imagen del país ante inversores internacionales;
- encarece la percepción de riesgo regulatorio;
- y abre un precedente incómodo sobre la seguridad jurídica.
En otras palabras: el problema es suficientemente grave por sí mismo como para no necesitar titulares apocalípticos. Porque cuando todo se presenta como un inminente “colapso histórico”, ocurre algo paradójico: el lector termina inmunizado. El exceso de dramatización desgasta la credibilidad incluso cuando los hechos de fondo son importantes. Y aquí lo importante no es si mañana despega o no el Falcon presidencial. Lo importante es que una década después, España sigue pagando —literal y reputacionalmente— decisiones energéticas tomadas por gobiernos de distinto color político, mientras la factura jurídica continúa creciendo en tribunales internacionales.