El Gobierno español ha movido ficha en uno de los frentes judiciales más delicados derivados del recorte a las primas de las energías renovables. La Abogacía del Estado ha solicitado a la justicia belga consignar 250 millones de euros para intentar levantar el embargo cautelar que pesa sobre fondos de Enaire, la empresa pública responsable de la navegación aérea en España.
La medida llega después de que tribunales belgas bloquearan cerca de 840 millones de euros procedentes de transferencias de Eurocontrol, organismo europeo encargado de gestionar tasas de navegación aérea. Los acreedores buscan así garantizar el cobro de indemnizaciones reconocidas a inversores internacionales perjudicados por la reforma energética aprobada hace más de una década.
El conflicto se remonta a los cambios regulatorios impulsados por España entre 2010 y 2013, cuando se redujeron de forma retroactiva los incentivos a proyectos solares y eólicos. Decenas de fondos y compañías extranjeras recurrieron entonces al arbitraje internacional amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía. Desde entonces, el Estado acumula numerosos laudos desfavorables dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
La propuesta presentada por España cubriría parcialmente tres de esos arbitrajes: los correspondientes a Eurus Energy, RREEF y Operafund, incluyendo intereses legales y de demora. Según las fuentes jurídicas citadas, el Ejecutivo busca frenar el crecimiento del importe embargado y recuperar el flujo ordinario de pagos hacia Enaire.
La decisión supone un giro relevante en una estrategia que hasta ahora se había basado en combatir judicialmente el reconocimiento de los laudos en distintos países. España ha defendido ante tribunales extranjeros que las compensaciones no pueden ejecutarse por razones de inmunidad soberana y porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionó la validez de los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros.
Sin embargo, los acreedores consideran que la consignación constituye un reconocimiento implícito de deuda. Los fondos demandantes llevan meses intensificando la presión sobre activos españoles en el extranjero mediante embargos y órdenes de ejecución en distintas jurisdicciones. Bélgica se ha convertido en uno de los principales escenarios de esa ofensiva judicial por el papel clave de Eurocontrol y sus transferencias periódicas a Enaire.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen, no obstante, que el depósito de fondos no implica renunciar a la defensa jurídica del Estado. El objetivo prioritario, explican, es evitar riesgos operativos en la gestión del tráfico aéreo español y garantizar la normalidad en los pagos internacionales vinculados a la navegación aérea