La cuestión de la gestión del espacio aéreo en el Sáhara Occidental es un tema candente desde hace varios años. La tan esperada reunión de alto nivel entre los altos mandos de España y Marruecos terminó sin concluir nada, tras haber ya acordado en abril de 2022 que «se iniciarían conversaciones sobre los espacios aéreos». Parece que estas conversaciones ya han empezado, aunque por lo visto de manera muy discreta.
La gestión del espacio aéreo en la zona del Sáhara Occidental se realiza desde el centro de control del las Islas Canarias, concretamente desde la torre de Gran Canaria. La voluntad de Marruecos de controlar los cielos del Sáhara no es nueva, pero lo que sí que es novedad son las pretensiones de España de concederle sus deseos. Así lo expresa la respuesta del Ejecutivo a la pregunta planteada por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien querría saber cómo van las «negociaciones para el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental». Desde el Gobierno aseguran que «en ese ámbito, las conversaciones ya se han iniciado«.
El grupo canario no es el único preocupado por la cuestión. Otros grupos parlamentarios han lanzado una serie de preguntas al Congreso de los Diputados relacionadas con el tema hace poco menos de un mes. De las tres preguntas señaladas, parece que al menos la primera ya tiene una respuesta -afirmativa- oficial.
Respuesta del Frente Polisario
Esta decisión se ve desde la Moncloa como una manera de mejorar «la cooperación entre los países» y «la seguridad del espacio aéreo de la zona». Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación, incluido el Frente Polisario. Abdulah Arabi, representante polisario en España, ha emitido un comunicado reiterando su posición frente a los hechos.
«Aunque el Gobierno de Sánchez pretenda ahora atribuirle una «gestión» del espacio aéreo, la soberanía del espacio aéreo del Sáhara Occidental, desde un punto de vista jurídico pertenece al pueblo saharaui, y corresponde en última instancia a España -tal y como la OACI atribuye hasta el momento- la gestión de este por ser la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental», concluye Arabi.
Y es que el TJUE ya sentenció en su momento -2018- que la soberanía del espacio aéreo del Sáhara no le pertenecía a Marruecos, sino al pueblo saharaui y por ende a España, ya que es el estado administrador del territorio (como bien recuerda Arabi, por ratificación de la OACI).
Responsabilidad política
Desde el Frente Polisario -y no son los únicos que lo piensan- afirman que «España es responsable de todo lo que ocurra en el territorio ilegalmente ocupado por Marruecos mientras no concluya el proceso de descolonización». Otros aseguran que es una «violación del derecho internacional».
La cesión del espacio aéreo dotaría a Marruecos de un mayor poder adquisitivo, en parte por las tasas que las aerolíneas pagarían por desviar sus vuelos por territorio marroquí en caso de no pasar por las Canarias. Esto, evidentemente, afectaría a la economía española.
La cesión del espacio aéreo a Marruecos les dejaría con el control completo sobre tierra y aire, lo cual es suficiente para continuar con la represión contra el pueblo saharaui. También tendrían una libertad militar mucho mayor, cuestión interesante para el reinado de Mohamed VI, ya que como es sabido hubo una época en la que aviones militares marroquíes no reportaban su paso por el cielo saharaui.