El reciente debate en torno a la instalación de huertos solares dentro del perímetro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha suscitado preocupaciones en diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo a profesionales de la aviación, expertos en seguridad y representantes políticos. AENA, la entidad responsable de los aeropuertos en España, ha impulsado un plan para instalar plantas fotovoltaicas como parte de sus iniciativas medioambientales, pero su ubicación en las cercanías de las pistas ha desatado una oleada de interrogantes.
La diputada Cristina Valido García, de Coalición Canaria, ha planteado al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible una serie de preguntas que reflejan inquietudes ampliamente compartidas. Uno de los principales puntos de discusión es la posibilidad de que estas plantas generen riesgos adicionales en caso de accidentes aéreos, citando como ejemplo el trágico suceso del vuelo JK5022 de Spanair en 2008, que ocurrió en las inmediaciones de las pistas de este mismo aeropuerto. El temor radica en que, ante un eventual accidente similar, las plantas fotovoltaicas podrían dificultar las labores de rescate debido a posibles tensiones eléctricas y materiales peligrosos.
Según se detalla, AENA ha instalado un sistema de desconectadores que permitiría minimizar el riesgo eléctrico en situaciones de emergencia. Sin embargo, se ha cuestionado si estos sistemas son realmente efectivos y si cumplen con estándares internacionales. La referencia al National Electrical Code (NEC) y al NFPA 70, normas ampliamente utilizadas en Estados Unidos, subraya la falta de una regulación específica sobre plantas fotovoltaicas en aeropuertos en el ámbito europeo y global. Además, preocupa que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no haya emitido recomendaciones claras sobre este tipo de instalaciones.
Otro aspecto relevante es la posible falta de consulta previa con organismos clave en la aviación española. ENAIRE, encargado de la gestión del tráfico aéreo, y el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), entre otros, parecen no haber sido involucrados en la evaluación de los riesgos y beneficios de este proyecto. Tampoco se tiene constancia de que se haya consultado a la Asociación de Víctimas del accidente de Spanair, quienes han expresado su preocupación por la memoria de las víctimas y las implicaciones de seguridad para futuros incidentes.
A pesar de las preocupaciones, el plan también refleja una clara intención de AENA por alinearse con objetivos medioambientales y sostenibles. La generación de energía limpia mediante estas plantas fotovoltaicas podría reducir significativamente la huella de carbono de uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Sin embargo, este beneficio debe equilibrarse cuidadosamente con la seguridad operativa y la protección de vidas humanas.
Las preguntas planteadas por Cristina Valido, como si AENA ha realizado estudios de evaluación de riesgos o si ha consultado previamente a la OACI, subrayan la necesidad de transparencia y rigor en este tipo de proyectos. Además, queda en el aire cómo se gestionarán los riesgos asociados y cuáles serán las medidas adicionales para garantizar que este esfuerzo por la sostenibilidad no comprometa la seguridad aérea.
El futuro de estas instalaciones dependerá, en gran medida, de la capacidad de AENA para demostrar que los huertos solares no suponen un riesgo añadido y que cuentan con el aval de expertos y organismos internacionales. Mientras tanto, la polémica continuará alimentando el debate sobre cómo equilibrar sostenibilidad y seguridad en uno de los sectores más regulados del mundo.