El colectivo de controladores aéreos afrontará en breve una nueva Orden Ministerial con la que el Gobierno pondrá en marcha el proceso de liberalización de los servicios de control aéreo, en otras 7 torres de control de los aeropuertos españoles de la red de Aena, y que afectará a Palma de Mallorca, Bilbao, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, así como al aeródromo de Santiago. La suma de pasajeros que transitaron por estos 7 aeropuertos en 2022, asciende a más de 80 millones de pasajeros.
Las intenciones del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos han salido a la luz pública, tras la filtración de un comunicado interno del sindicato USCA donde exponía a sus afiliados que el Director general de ENAIRE, Ángel Luis Arias, les había informado de la publicación de una Orden Ministerial, anunciando el trámite información y consulta, y que supuestamente iba a salir publicada en la tarde de ayer martes, en relación con la privatización de 7 nuevas torres de control. El propio comunicado indicaba que ENAIRE «no sabía nada«, siendo la Dirección General de Aviación Civil DGCA la encargada de informar cuales son las torres afectadas, en concreto LEPA, LEST, LEBB, LEMG, GCLP, GXCO y GCTS.
Añaden además, que el plan proviene directamente del Gobierno y que «obviamente ya estaba pensando de antemano«. Cerca de 200 controladores de ENAIRE se verán afectados por esta medida. ¿Se trata de una nueva fórmula para «liberar» también recursos humanos ante el déficit palmario de controladores y cubrir las inminentes jubilaciones de numerosos controladores aéreos?. Esta pregunta podría tener respuesta con el «trasvase» previsto a los ACCs.
Coincidiendo con el conflicto laboral de los controladores aéreos en las torres de control privatizadas de 12 aeropuertos españoles convocada por los sindicatos USCA y CCOO ante el fracaso de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo, hay que añadir la premura en la firma del preacuerdo del III Convenio Colectivo Profesional el pasado 13 de diciembre, que generó gran incertidumbre entre los afiliados de SPICA por las consecuencias que podía acarrear en cuanto a las condiciones laborales del colectivo de controladores aéreos. Con este nuevo anuncio, se demuestra que las sospechas de SPICA, podrían estar más que fundadas, unas sospechas que explicarían la prisa en cerrar el preacuerdo de un convenio que favoreciese más tarde a las intenciones de privatización por parte del Ejecutivo.
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos deja entrever su intención de privatizar la gestión de las torres de control de 7 de los aeropuertos españoles
La maquinaria del Gobierno empieza a funcionar como en el 2010
Según publica el Confidencial, que por cierto vuelve a utilizar el término «huelga de controladores» en alusión al cierre patronal de 2010, el Gobierno intenta justificar la medida argumentando «que se trata de una medida que pretende mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, con niveles máximos de calidad y seguridad, de forma que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad», algo que es rotundamente falso, y que claramente se enmarca dentro de la estrategia de comunicación del Gobierno, la misma estrategia utilizada por el ex Ministro José Blanco durante el cierre patronal del espacio aéreo en 2010; sólo queda que empiecen a utilizar como estrategia de comunicación «las falacias«, un argumento que parece valido, pero que en realidad no lo es, usando todas las herramientas del Estado para condicionar a la opinión pública, tal y como demostraron los Magistrados en la reciente sentencia absolutoria por el cierre patronal del control aéreo en 2010.
Han pasado 13 años… la Sociedad tiende a olvidar con facilidad aquello que no ha sido capaz incluso de corregir del imaginario colectivo, como es que se trató de un cierre patronal a instancias del Gobierno de turno, y no una huelga de controladores.
También queda explicar a la Opinión Pública, cómo se privatiza un servicio público considerado esencial por una coalición gubernamental supuestamente de izquierdas, justo cuando se está cuestionando en otros servicios públicos en estos días, como sucede en el ámbito de la Sanidad, ese carácter público y esencial. ¿Recuerdan aquellas palabras de Lema en las que aseguraba que lo que los controladores habían hecho era similar el abandono de un paciente por parte de un cirujano en la mesa de operaciones?. Una barbaridad del máximo responsable de AENA entonces, a todas luces, muy gráfica. En eses momento sirvió para «vender» el discurso de la importancia esencial del trabajo del controlador aéreo, y la gravedad de ese supuesto «abandono«, y sin embargo hoy, tan sólo unos años después, de golpe y plumazo se privatizan 7 torres de gran importancia por volumen de pasajeros (1/3 del total), sin que nadie se pregunte, ni a izquierda ni a derecha, sobre la conveniencia privatización de este servicio público, entonces considerado esencial, hasta el punto de ser militarizado y declarado el Estado de Alarma.
Un proceso que viene de lejos
La liberalización de los servicios de control aéreo en las torres los aeropuertos españoles se puso en marcha en el año 2010 de la mano del socialista José Blanco al frente del Ministerio de Fomento dio comienzo con un primer grupo de 13 aeropuertos de la red Aena: Alicante, Valencia, Sabadell, Ibiza, Jerez, Sevilla, Melilla, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, A Coruña, Vigo y Cuatro Vientos, en la que sería una de las reformas estructurales de mayor calado de los últimos años que realizara Aena en el área de navegación aérea con el objetivo supuestamente de mantener «la calidad del servicio mejorando su eficiencia«. Lo que subyace detrás de esta medida, no es otra cosa que completar la privatización de AENA.
En 2011, Aena Aeropuertos adjudicaba a Ferronats y Saerco el control de las 13 torres. Ferronats se quedaba con Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Melilla y Cuatro Vientos, mientras Lanzarote, Fuerteventura y La Palma fueron adjudicadas a Saerco.
Nueva adjudicacion de los servicios de control aéreo
En 2020, se aprueba la adjudicación de los servicios de control aéreo de las torres ya liberalizadas de los 12 aeropuertos de su red, donde los contratos estaban próximos a finalizar, agrupándose en tres lotes, y cuyo servicio en los aeropuertos de Alicante-Elche, Valencia, Ibiza y Sabadell, englobados en el lote 1, se adjudica a la empresa Ferronats, mientras que Saerco se hacía con la adjudicación del servicio para los aeropuertos de Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña y Cuatro Vientos, el lote 2, y La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, lote 3.