Madrid, 27 de noviembre de 2025 – En una tercera mesa redonda organizada por Controladores Unidos (CCUU), coalición integrada por SPICA, SNCA, OCCA, APCAE y la DdS, se ha desgranado ayer el impacto de la comparecencia histórica del pasado 14 de mayo ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo.
Esta intervención, enmarcada en la Petición N.º 0087/2025, ha logrado un respaldo mayoritario –incluyendo el voto unánime inicial– para exigir la restitución urgente del sistema de Early Retirement System (ERS) en ENAIRE, el gestor estatal de navegación aérea. El foco: los graves incumplimientos en materia de seguridad y la necesidad imperiosa de restaurar la prejubilación a los 55 años, alineada con los estándares europeos, para evitar poner en jaque la vida de millones de pasajeros.
Marcelino Victoria, responsable internacional de SPICA y vocal de CCUU, abrió la sesión recordando cómo, en apenas cuatro meses desde su registro en enero de 2025, la petición superó todos los filtros europeos –un récord de admisión– y acumuló casi 600 adhesiones ciudadanas a través del portal oficial del Parlamento. «No es solo una queja laboral; es una alerta de seguridad comunitaria«, enfatizó Victoria, quien detalló cómo el Artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) –derecho de petición– permitió elevar el caso a Bruselas tras años de infructuosas negociaciones con ENAIRE.
El hito de mayo en el Parlamento: De la admisión a la fase de escucha con apoyo transpartidista
La comparecencia del 14 de mayo en Bruselas marcó un punto de inflexión. Representantes de CCUU, junto a expertos y el eurodiputado Juan Carlos Girauta (Patriots for Europe), expusieron ante la PETI los pormenores de la supresión del ERS en 2010, bajo el gobierno de Zapatero y el ministro José Blanco («Alias Pepiño»). Esta medida, que retrasó la prejubilación de 55 a 65 años –un desfase de hasta 13 años respecto a recomendaciones de Eurocontrol–, fue calificada como «un atentado a la seguridad aérea» por Girauta, del Grupo Patriots en el Europarlamento, quien argumentó: «No se trata de un conflicto superficial; estamos arriesgando la vida de cientos de millones de personas de todas las nacionalidades«.
El Parlamento Europeo clasificó la petición como «de interés comunitario«, superando la barrera de admisión –solo uno de cada 50 casos lo logra–. En la fase de escucha, CCUU presentó datos irrefutables: estudios pioneros como la Curva de Cor (1970), iniciados tras el accidente del Gran Cañón de 1956 (128 fallecidos), y el informe Eurocontrol de 2006, que confirman el declive cognitivo en controladores a partir de los 46 años, con pérdida «totalmente segura» de habilidades multitarea y velocidad de resolución a los 55. «La experiencia no compensa la fatiga cognitiva ni la tecnofatiga acumulada por turnos irregulares«, apuntó Victoria, citando un análisis de Cesenio (propietaria de Quirón Prevención) sobre 1.000 controladores en cinco centros clave, que reveló un estado de salud «deficiente» con «riesgo moderado» generalizado.
El apoyo fue mayoritario y transpartidista: Patriots for Europe, ECR (europeos conservadores y reformistas), el grupo de Giorgia Meloni y, sorprendentemente, el Partido Popular Europeo (PPE) –que rompió 15 años de alineación con la Comisión Europea–. Incluso el PSOE se abstuvo, mientras el grupo de Macron votó en contra. Este consenso impulsó la petición a la Fase 3, implicando a más de 150 eurodiputados de las Comisiones de Empleo y Transportes. Posibles salidas: una carta de emplazamiento a España o una denuncia directa ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Comparado con Europa, el desequilibrio es abrumador. De los 24.000 controladores que gestionan el 45% del tráfico mundial (EE.UU. y UE), 22.000 acceden al ERS entre 50 y 55 años. Suecia, Suiza y Austria destinan el 20% de las tasas de ruta a prejubilaciones; Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, el 15%. Alemania invierte 213 millones para 2.000 controladores, mientras España –con un ahorro estimado conservador de 110 millones anuales– apenas asigna el 4% (menos del 1% en pagos reales). «El dinero no puede excusar la seguridad«, reiteró Victoria, recordando que la FAA y Eurocontrol rechazan esta argumentación. Además, la ruptura del convenio colectivo en mayo de 2010 –mediante un árbitro impuesto– vulneró el Artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el 37.1 de la Constitución Española, igualando salarios pero no las prejubilaciones, que costarían 150 millones al año.
La no aplicación de la Safety Assessment Methodology (SAM), exigida por los Reglamentos 2096/2005 y 373/2017, agrava el panorama. ENAIRE incorporó horas extras a la jornada (de 1.100 a 1.670 horas anuales) para ahorrar costes, ignorando directivas de salud laboral.
Edad media de 57 años: Un ticking bomb para la seguridad aérea, respaldado por incidentes reales
La edad media de controladores en España –57 años en operativos de frecuencia, frente a 48 hace una década– contrasta con la europea (alrededor de 48 años). Estudios médicos y psicológicos presentados en mayo alertan de la pérdida de conciencia situacional post-55 años, un factor clave en «incidentes críticos» por estrés súbito.
CCUU ilustró el riesgo con casos concretos: el 22 de julio de 2022 en Barcelona, donde un controlador autorizó un despegue en la pista 24 derecha a un avión con 306 pasajeros, cruzándose a 90 grados con otro de 172, pasando a muy pocos metros de fuselajes tras un aborto in extremis. O el incidente en Canarias, con un/a controlador/a de 55 años que ordenó despegue inmediato en la pista 03 derecha pese a un vehículo en pista, deteniéndose el avión a 300 metros; el informe oficial citó «error cognitivo de pérdida de conciencia situacional«, el mismo que justifica el ERS desde 1970.
Victoria paralelizó con el accidente ALVIA 04155 (2013, 79 fallecidos), donde la omisión de SAM llevó a una petición similar bajo el Artículo 227. «Retrasar el ERS dos años ya fue condenado en un juicio de 2019 sobre el espacio aéreo belgo-holandés-luxemburgués-alemán; España lo hizo por 10-13 años«, denunció.
Amenazas, misterios y el camino por delante: De Bruselas a una posible demanda europea
En la fase de escucha, una «controladora misteriosa» enviada por la Comisión Europea desmontó argumentos con posturas «no creíbles», cuya identidad permanece secreta –»totalmente irregular», según Victoria–.
A fecha de noviembre de 2025, la Fase 3 avanza con sesiones ampliadas. CCUU espera un pronunciamiento directo para que España actúe, tras ignorar ENAIRE una invitación a negociar el 28 de noviembre de 2024. «Es como un seguro de coche que solo cubre a partir de los 65, cuando los reflejos fallan a los 50«, analogó Victoria. La coalición, unida desde hace un año para amplificar voces sin presupuesto previo, ve en esta petición el catalizador para equiparar España a Europa, priorizando la seguridad sobre el ahorro.
El debate, moderado por expertos sindicales, concluyó con un llamamiento a la acción: adhesiones abiertas en el portal del Parlamento y presión ciudadana. Fuentes de CCUU anticipan que, de no haber avances, la denuncia al TJUE podría materializarse en 2026.