La dimisión de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transporte ha generado gran incertidumbre en el sector y sobre todo, en el próximo proceso de liberalización de las torres de control aéreo. Una dimisión que ocurre a consecuencia del escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria, justo cuando la responsable del proyecto preparaba la liberalización de las torres de siete de los mayores aeropuertos de España, según publicó El Confidencial.
La noticia ha despertado reacciones en la industria, por la preocupación de la dimisión de una de las principales impulsoras de este proyecto de externalización. Nada más conocerse, algunos miembros del Gobierno habían utilizado la noticia de la marcha como trampolín político para pedir al Ejecutivo que frene el proceso de privatización.
Voces como la del senador de Compromis, Carles Mulet, abogan por que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reconsidere el proceso de privatización. Asimismo, tanto Podemos como el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, comparten esta opinión y se han manifestado contrarios al proceso. En la misma línea se reveló Gaspar Llamazares, exlíder de Izquierda Unida.
Además, los partidarios del gobierno de Sánchez creen que la liberalización podría dañar sus esperanzas electorales especialmente en los territorios donde se encuentran las principales torres de control del tráfico aéreo, como Palma de Mallorca, Tenerife y Gran Canaria, Y donde el Partido Morado está actualmente en el poder, ya que consideran que el proceso de liberalización solo beneficiará a las empresas y los partidos de derecha.
Pardo de Vera es vista como quién, tras 12 años de un proceso de privatización congelado, convenció a Pedro Sánchez para ponerlo de nuevo en marcha, argumentando desde su departamento que este proceso “mejorará la eficiencia y eso permitirá que los billetes de avión sean más baratos para los viajeros”.
El proyecto de orden ministerial que debe firmar el ministro de Transporte para que continúe el proceso fue puesto a disposición del gobierno para consulta pública. No obstantes, y según fuentes consultadas, el proceso podría retrasarse debido a los cambios que se realizarán en el ministerio.
Por otro lado, David Lucas, el actual secretario general de Vivienda del PSOE, es el elegido para suceder a Pardo de Vera en el cargo en un momento crucial, por hallarse en pleno desarrollo de la ley de vivienda, una de las leyes más emblemáticas que están desarrollando la ejecutiva del PSOE y Podemos. Los expertos creen que, con los cambios, el ministerio gana peso político a expensas de su perfil técnico.
Lucas ha ocupado puestos de liderazgo en el pasado en varias ciudades como Móstoles, Getafe y Madrid, y ha sido elegido por el Gobierno en sustitución de César Ramos, representante del PSOE en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, a pesar de su conocimiento del tema.
La licitación para la privatización de las torres aéreas deberá lanzarla Aena tras la firma de la orden ministerial, que aún está por determinar. El proyecto supone que el gestor aeroportuario tendrá un plazo máximo de 18 meses para sacar adelante este concurso. En este momento, la incertidumbre es cuánto tiempo podría transcurrir entre la conclusión de la consulta pública y el anuncio ministerial de la orden.
A pesar de las preocupaciones sobre el posible impacto que pueda tener el proceso de externalización de las torres de control, otras fuentes señalan la influencia que han tenido exdirigentes del PSOE como José Blanco, que inició esta privatización en 2010 tras el grave conflicto con los controladores de las líneas aéreas. Las aerolíneas también apoyan la privatización, además, las empresas que gestionan estas torres. Por ejemplo, Skyway (Portobello + Ferrovial), que ven además una oportunidad para aumentar el valor de su propia empresa.