Desde SPICA tenemos claro que la privatización de las torres de control es un atentado contra la seguridad pública. Ahora, el estudio propiciado por la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta) y al que ha tenido acceso El País denuncia algunas de las prácticas cometidas en las torres liberalizadas que podrían ser determinantes en «la seguridad operacional» de las mismas.
Este informe tiene en cuenta los datos y resultados obtenidos del análisis y estudio de las torres que llevan siendo propiedad de Skyway y Saerco desde 2011. Como recalca El País, existe una «práctica extendida de alteración y maquillaje de los indicadores de seguridad, ocultándose información relativa a sucesos relevantes y rebajando la severidad de otros, todo ello sin conocimiento de la autoridad supervisora».
El informe ha sido elaborado con las notificaciones de 49 empleados, un 17% de la plantilla de controladores aéreos que trabajan o han trabajado en las dos compañías privadas (sobre una plantilla total de 280), que denunciaron 266 irregularidades entre 2012 y marzo de 2023
Los controladores aéreos denuncian fallos de seguridad en los aeropuertos con el control privatizado – El País
Además, se tiene en cuenta la «integridad psicomotriz de los controladores», entendiendo que el clima laboral al que están sometidos los controladores de las torres privadas no es igual de favorable que el de las torres gestionadas por Enaire. Los controladores «se ven obligados a simultanear, en ocasiones, su trabajo de control aéreo con tareas de índole administrativo«, asegura el informe. La presión ejercida por los jefes de los controladores privados también influyen en el estrés que sufren los trabajadores, el cual a su vez tiene mucho que ver con cómo se desempeña su oficio y la consiguiente falta de seguridad que podría provocar.
Tanto SPICA como Aprocta consideran que la orden ministerial de febrero debe frenarse. Por eso, la asociación redactora del informe cree que «no parece razonable delegar la gestión de bienes públicos como la seguridad en el transporte o el derecho a la movilidad en empresas que antepongan el retorno económico, limitando la inversión en mejoras del sistema o, como se desprende de las notificaciones recibidas, poniendo en riesgo la seguridad operacional«, tal y como se ha hecho eco el diario El País.
Como ya dijimos en nuestro comunicado, desde el sindicato opinamos que las privatizaciones se traducen en una pérdida paulatina de seguridad, teniendo en cuenta que estos controladores con años de experiencia en sus puestos, serán reemplazados por nuevos controladores con cero minutos de experiencia y en frecuencia en esas dependencias, con experiencia limitada y con unos requisitos de acceso mucho menores a los de los actuales controladores en estas torres.
Citando dicho comunicado, publicado nada más conocer la intención del Gobierno de seguir privatizando las torres de control, «Ya no es solo cuestión del trabajo y la vida de 200 controladores, que serán reubicados en otros centros de trabajo de ENAIRE, se trata de un proceso de privatización de un servicio esencial en el que los actores conocidos AENA, ENAIRE y usuarios, o no ganan nada o pierden, en este proceso de privatización además, el actual nivel de seguridad de las operaciones se verá afectado«.