Desde los sindicatos de controladores aéreos se lleva tiempo denunciando lo que puede ocurrir si se siguen privatizando más torres aeroportuarias, tomando como ejemplo las que ya lo están y comparando su situación con las que aún siguen bajo dominio público. Ahora, las elecciones anticipadas han puesto en stand-by el proceso y desde el sector nos seguimos preguntando qué ocurrirá al final con la orden ministerial emitida allá por febrero.
En este contexto, la Unión Sindical de Controladores Aéreos ha hablado con el medio Atlántico Hoy, de Canarias, para resaltar los mayores problemas de estas privatizaciones: la nula bajada de precios para los consumidores en los billetes de avión (cosa que los partidarios de la liberalización defienden que pasará), un empeoramiento de las condiciones laborales de los controladores y una bajada de la seguridad operativa en las torres. A continuación, se reproduce lo escrito en dicho artículo.
Según Susana Romero, secretaria de Comunicación de USCA, «nuestras preocupaciones se han confirmado durante todos estos años de privatización, demostrando que este enfoque de «abaratamiento» no beneficia a los trabajadores ni a los usuarios, sino que responde a intereses privados. Dado que se trata de un servicio de transporte, consideramos que es un servicio público y esencial que debe permanecer en manos del sector público».
Despidos improcedentes y huelgas: el caso de Canarias
En el caso de Canarias, la mayoría de las torres de control están privatizadas. Romero menciona que ha habido varios casos en las Islas Canarias de despidos de compañeros que se negaron a seguir órdenes que ponían en riesgo la seguridad. Todos esos despidos fueron declarados como «nulos o improcedentes» en los tribunales. El sindicato tiene conocimiento de incidentes que se ocultan para disimular la gravedad de los problemas.
Desde enero, los controladores aéreos en El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma están en huelga debido a las prácticas de gestión de las compañías, lo que ha afectado sus salarios y condiciones laborales. En el sector privado, los controladores se sienten amenazados por la posibilidad de enfrentar acciones disciplinarias o despidos.
Uno de los principales problemas señalados es la asignación de tareas. Según afirma Romero, es crucial que los controladores se dediquen exclusivamente al control de las aeronaves. Sin embargo, en las compañías privadas, también se les asigna trabajo administrativo que no es compatible con sus funciones de control. Esta combinación de tareas puede representar un peligro para la seguridad aérea.
No hay beneficio económico que repercuta en el pasajero
El problema radica en las empresas que han adquirido el control de las torres de control. La portavoz del sindicato declara que estas empresas fueron creadas con el único objetivo de obtener beneficios económicos y carecen de experiencia en el sector. Según ella, están sufriendo las consecuencias de esta situación. Como ejemplo, menciona a Skyway, una empresa que gestiona las torres en el aeropuerto de Ibiza y que anteriormente se dedicaba al sector ferroviario.
Romero también aclara que la privatización no conduce a una reducción de los precios de los billetes de avión, como algunas empresas pretenden hacer creer. Explica que en las torres de control privatizadas, los factores que influyen en el precio de los pasajes son diferentes a los de las torres de control públicas, lo que resulta en tarifas más altas. Como ejemplo, menciona la diferencia de precios entre los aeropuertos de Ibiza y Palma. Según su argumento, la única beneficiada con la privatización son las compañías que prestan el servicio y los accionistas de Aena.