AENA licita el control aéreo de El Hierro y reabre el debate sobre la privatización de las torres

AHI advierte de 15 años de retroceso operativo y SPICA reclama que el servicio vuelva a ENAIRE

La nueva licitación del servicio de control aéreo del Aeropuerto de El Hierro ha vuelto a colocar en el centro del debate un modelo que, desde su implantación en 2011, no ha logrado estabilidad operativa ni consenso institucional. Para la Agrupación Herreña Independiente (AHI), el anuncio de AENA llega tarde y arrastra el mismo problema de fondo: la insistencia en mantener un esquema privatizado y flexible en costes en un aeropuerto que depende del avión como servicio esencial.

El contexto es conocido en la isla. El paso al modelo AFIS hace más de una década, seguido de una corrección parcial que combinó AFIS y ATC según el día de la semana, nunca resolvió las disfunciones de fondo. Desvíos, retrasos, colapso puntual de plataforma y una creciente inseguridad operativa para las compañías han acompañado a un tráfico que se ha más que duplicado en 15 años. La situación alcanzó su punto más crítico a finales del pasado año, cuando la falta de controladores en la torre gestionada por una empresa privada derivó en recortes del horario operativo, con impacto directo en la conectividad de la isla.

Para AHI, ese episodio no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un modelo diseñado para ahorrar costes. La organización recuerda que Aena reconoció incumplimientos del contrato vigente y se comprometió a adelantar la licitación. Sin embargo, mientras ese proceso avanzaba, los recortes se mantuvieron, reforzando la sensación de fragilidad de un servicio que debería ser estratégico.

La nueva licitación introduce cambios que, sobre el papel, abren una oportunidad. Por primera vez, el diseño contractual permitiría prestar control aéreo (ATC) toda la semana sin necesidad de modificar el contrato, algo que hasta ahora se había utilizado como argumento administrativo para perpetuar el AFIS. También se habla de mayor flexibilidad horaria, una reivindicación histórica de la isla para facilitar desplazamientos sanitarios, administrativos y laborales. AHI reconoce ese avance, pero advierte de que no basta mientras el AFIS siga figurando como opción estructural. El mandato institucional para eliminarlo ha sido aprobado de forma reiterada en el Congreso, el Senado, el Parlamento de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos herreños.

El debate trasciende a la isla y conecta con una crítica más amplia al proceso de liberalización de las torres de control en España. Nuestro Sindicato, SPICA, ha sido especialmente claro: la privatización ha reducido márgenes operativos, ajustado plantillas al límite y trasladado la presión económica al corazón del sistema, la seguridad. SPICA defiende abiertamente que las torres privatizadas deben volver a la gestión pública de ENAIRE, al considerar que la navegación aérea no puede regirse por la lógica del menor coste.

Desde esta óptica, El Hierro se ha convertido en un ejemplo incómodo. Cuando una empresa adjudicataria no puede cubrir turnos y la respuesta es recortar horarios, el problema deja de ser laboral para convertirse en territorial. AHI coincide con ese diagnóstico y sostiene que la privatización ha supuesto, en la práctica, 15 años de retroceso en operatividad y estabilidad para la isla.

A esta discusión se suma ahora la referencia a la posible implantación de una torre digital. AHI exige cautela y ha marcado una línea roja: cualquier evolución tecnológica debe reforzar el servicio y mantenerse físicamente en la isla. La organización rechaza de plano un escenario de control remoto desde Tenerife o Gran Canaria y reclama garantías escritas antes de avanzar. La experiencia de otros aeropuertos demuestra, a su juicio, que la tecnología no puede utilizarse como atajo para reducir presencia ni personal.

La reflexión final conecta con una cuestión más amplia de política pública. ¿Compensa el ahorro logrado con la privatización cuando el resultado es un servicio frágil y dependiente de parches? Para AHI y para SPICA, la respuesta es clara. Hay ámbitos donde el recorte no es aceptable, y la seguridad aérea es uno de ellos. En una isla como El Hierro, donde el avión no es una alternativa sino una necesidad, el control aéreo no puede ser un experimento permanente.

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