Los gobiernos de Canarias y de Baleares se oponen a las privatizaciones de las torres de control de los aeropuertos de sus islas, y así se lo han hecho saber al Ministerio de Transportes. Los aeropuertos afectados serían los de Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Palma de Mallorca; además de los de Bilbao, Málaga y Santiago de Compostela. Desde el gobierno canario, han conseguido que el Ministerio «analice y valore» la situación de la liberalización, lo cual puede abrir una ventana de tiempo más amplia que deje paso a la negociación.
Según cuenta el diario Canarias7, el gobierno de este archipiélago mandó una solicitud al Ministerio de Raquel Sánchez para frenar la privatización de las tres torres afectadas en su territorio. Desde esta cartera, respondieron que valorarían la situación, lo que no quiere decir que la liberalización vaya a frenarse pero sí da pie a ralentizar el proceso de la misma. El Gobierno de Canarias aboga por que «la decisión final que se tome sea la más adecuada para el interés público y se priorice la calidad y la seguridad en el servicio de control aéreo».
Baleares tira por la misma línea y pide una revisión y suspensión de la orden ministerial por la que se permitiría a Aena avanzar en la liberalización de la gestión del servicio de control aéreo. Como respuesta a las peticiones de varias autonomías de suspender la orden, Canarias7 nos cuenta que desde Transportes «aseguran que desde el primer momento su intención ha sido hacer las cosas de la mano del sector y atendiendo las aportaciones de las partes interesadas, razón por la que se abrió un proceso de alegaciones».
Por su parte, las aerolíneas se muestran favorables a la privatización de las torres, entendiendo que esta «favorece a la seguridad y calidad del servicio«. Desde el sindicato, nos oponemos firmemente a estas declaraciones, sabiendo que la liberalización poco tiene que ver con la seguridad de las operaciones ni con la reducción de costes para los pasajeros, como se quiere hacer ver desde otros sectores.