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    Grupos Parlamentarios contra la privatización de las torres

    Ayer se presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno la paralización del proceso de privatización de las torres de control

    Nuevas voces se alzan contra el proyecto de privatización de las torres de 7 de los aeropuertos españoles por parte del Ejecutivo. Varios grupos parlamentariosse han sumado a la protesta, presentando ayer lunes una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que piden al Gobierno que se paralice la privatización de las torres de control anunciada por el Ministerio de Transportes y que afectaría a  las torres de control de los aeropuertos de Palma, Bilbao, Santiago, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur y Tenerife Norte.

    De esta manera, solicitan que se anule lo recogido en la orden ministerial del 9 de febrero en la que se indica que las torres de los aeropuertos de Málaga, Santiago, Palma, Bilbao, Tenerife y Gran Canaria pasarán a gestionarse “a través de civiles de servicios de control de tránsito aéreo de aeródromo”, en lo que se considera como una “mejora” tanto en la competitividad de los aeropuertos como en el supuesto beneficio de los usuarios finales del transporte aéreo.

    El conjunto de partidos ha destacado el posible efecto que tendría sobre los servicios relacionados con la gestión del tráfico aéreo la privatización de estas otras 7 torres, especialmente por la alta complejidad operativa de los aeropuertos que puede derivar en un deterioro de la calidad de los servicios que ya no serían prestados por el personal de Enaire.

    Además, cabe destacar, que el primer proceso de privatización no aporto mejoras en cuanto a eficiencia económica ni en lo relativo a las condiciones de trabajo del personal controlador y la propia seguridad. El supuesto “ahorro” se traducirá en beneficios para los inversores privados de Aena mediante el reparto de dividendos y “no habrá repercusión en el abaratamiento de costes de las compañías aéreas y de los pasajes a los usuarios”, han asegurado.

    También advierten contra el debilitamiento de las garantías relativas a las condiciones de trabajo del personal actual, y de la presión a la que son sometidos los empleados por parte de las empresas privadas y que puede comprometer la calidad y la seguridad de un servicio esencial.

    FuenteElDiario

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