El pasado 24 de septiembre, el diputado del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, Félix Alonso Cantorné, alzó la voz en el Congreso para denunciar las consecuencias negativas de la privatización de las torres de control en varios aeropuertos españoles, un tema que afecta directamente a las condiciones laborales de los controladores aéreos.
Durante su intervención en la sesión plenaria, Alonso Cantorné alertó sobre los peligros que supone la gestión privada de las torres de control, destacando casos críticos como los aeropuertos de Ibiza, Gomera y El Hierro. Señaló que la privatización no solo ha deteriorado las condiciones laborales de las 12 torres privatizadas, sino que también ha puesto en riesgo la seguridad operativa de estos aeródromos clave, especialmente en zonas insulares como Canarias y Baleares.
«El sistema AFIS no debe ir en detrimento ni de la seguridad ni de la eficacia«, recalcó el diputado, haciendo referencia a este sistema que, según afirmó, busca reducir personal a costa de la operatividad y seguridad. «Complica la operativa y produce demoras de tráfico aéreo«, añadió, mencionando además los efectos colaterales en el consumo de combustible y la emisión de CO2, con el consecuente aumento de los costes operativos y el deterioro del medio ambiente.
Intervención del diputado del grupo parlamentario plurinacional SUMAR, Félix Alonso Cantorné
Uno de los puntos más preocupantes para SPICA es la falta de personal generalizado en torres y centros de control tanto privatizadas como de gestión pública, como las de Coruña, Palma de Mallorca, Ibiza, Jerez o Valencia. Alonso Cantorné denunció que el problema es aún más acuciante en Baleares, mencionando el caso de Menorca, y “con plantillas infradotadas en una situación intolerable”, lo que afecta gravemente la calidad del servicio y la seguridad aérea. «Menorca tiene una torre obsoleta desde hace 15 años«, subrayó, señalando la gravedad de la situación en este aeropuerto clave del archipiélago balear.
Desde el sindicato, se ha acogido con interés la propuesta de SUMAR de revertir la privatización de las torres de control y devolver su gestión al ámbito público. Además, SPICA comparte la preocupación del diputado respecto a la elevada edad de jubilación de los controladores aéreos, que en España deben trabajar en turnos hasta los 65 años, una situación «inédita en los entornos europeos» que afecta la operatividad y, en última instancia, la seguridad nacional.
La intervención de Alonso Cantorné ha servido como un recordatorio urgente para la sociedad y los legisladores: la privatización de infraestructuras estratégicas, como las torres de control aéreo, no solo impacta en el servicio, sino que también pone en riesgo la seguridad de millones de pasajeros y la estabilidad laboral de cientos de controladores.
Desde el Sindicato de Controladores SPICA instamos a los afiliados a mantenerse informados y movilizados en torno a esta cuestión que afecta directamente sus condiciones laborales y la seguridad del tráfico aéreo en España. Seguiremos atentos a los próximos pasos legislativos y trabajaremos para que nuestras demandas sean escuchadas.