Barcelona, 7 de julio de 2025 – La Autoridad Portuaria de Barcelona y Enaire, la entidad española encargada del control del tráfico aéreo, han iniciado estudios conjuntos para asegurar la compatibilidad radioeléctrica entre las operaciones portuarias y la prevista ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona‑El Prat. El objetivo es evitar interferencias entre las nuevas infraestructuras del puerto y los sistemas aeronáuticos del aeródromo.
Contexto del conflicto interinfraestructuras
La expansión del puerto, con nuevos muelles como el BEST y el futuro Cataluñaa, incorpora grúas de gran altura que podrían interferir con los sistemas radar del aeropuerto, especialmente en la pista más cercana al mar. Y es precisamente esta pista la que AENA y la Generalitat pretenden prolongar 500 metros hacia la laguna de La Ricarda y el Remolar, áreas incluidas en la Red Natura 2000. Enaire ya ha adelantado su intención de reubicar radares en las zonas sur del aeródromo para reducir riesgos.
Planes de ampliación y las implicaciones ambientales
Aena, el Ministerio de Transportes y el Govern autonómico han presentado un plan valorado en aproximadamente 3 200 millones €, que incluye:
- Prolongación de la tercera pista en 500 m,
- Modificaciones en las terminales T1 y T2,
- Creación de una terminal satélite,
- Medidas compensatorias ambientales sobre el Delta del Llobregat.
La obra, catalogada como «urgente y necesaria» por el Comité Asesor de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona por motivos de saturación operativa, prevé su aprobación definitiva en 2028, con inicio de obras en 2030 y conclusión en 2033. Expertos y colegios profesionales aeronáuticos han respaldado este diseño por considerarlo el más equilibrado entre operatividad y minimización del impacto ambiental .
Reacción política y social
El presidente del puerto, José Alberto Carbonell, ha instado a armonizar ambas expansiones —portuaria y aeroportuaria—, trabajando con Puertos del Estado y Enaire para eliminar fricciones.
Sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas por parte de ecologistas y municipios afectados. La plataforma Zeroport advierte de un «impacto irreversible» sobre humedales como La Ricarda y El Remolar, mientras que ayuntamientos como Castelldefels y El Prat denuncian el aumento de contaminación acústica y aérea generado por los sobrevuelo más frecuentes. La consejera de Salud, Olga Pané, ha alertado sobre los riesgos para la salud derivadas de partículas ultrafinas y ruido, respaldando la exigencia de reducir el uso de avión, aunque reconoce que la decisión definitiva es competencia del Govern.
Desafíos técnicos por delante
Enaire liderará los estudios técnicos de campo para garantizar que la ubicación de radares y comunicaciones aéreas del aeropuerto no se vea comprometida por las nuevas estructuras portuarias. Esta evaluación servirá también para definir los límites de altura y zonas de servidumbre aérea en los muelles Cataluña y BEST.
En paralelo, la futura ampliación aeroportuaria deberá cumplir regulaciones europeas para infraestructuras en espacios Natura 2000, lo que implica definir medidas de restauración y renaturalización —300 ha previstas— y la introducción de fauna de control, como halcones, para evitar colisiones con las aeronaves.
La coordinación entre puerto y aeropuerto para compatibilizar sus crecientes infraestructuras emerge como un reto técnico y político de primer orden. Equilibrar la creciente demanda de tráfico marítimo y aéreo con la protección de espacios naturales y la salud pública exigirá un abordaje multilateral: administraciones, organismos técnicos y entidades ciudadanas deberán alinear intereses y plantear soluciones sostenibles para facilitar una infraestructura integrada y respetuosa con el entorno metropolitano.