El Real Decreto-Ley 1/2010, promulgado el 5 de febrero de 2010, introdujo cambios significativos en la regulación de los servicios de tránsito aéreo en España. Sin embargo, desde su aprobación, ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, especialmente del colectivo de controladores aéreos.
El RD 1/2010 se basó en informes inexactos.
Se pretendía acercar AENA (ENAIRE) a estándares europeos y se ha convertido en todo lo contrario siendo ENAIRE el único proveedor sin políticas de desvinculación (ERS) que SPICA está intentando que vuelvan a ENAIRE (único caso del mundo civilizado sin ellas).
El legislador fue mal informado por un Ejecutivo empeñado en culpar a los controladores del desastre que llevó a la quiebra a AENA (obras faraónicas en aeropuertos sin pasajeros como dádiva electoralista) , su salida a bolsa perjudicial para el Estado y la privatización de torres absolutamente fracasada.
Motivos para oponerse al RDL 1/2010
Una de las principales objeciones al RDL 1/2010 fue la modificación unilateral de las condiciones laborales de los controladores aéreos. El decreto estableció una jornada laboral máxima de 1.750 horas anuales, incluyendo periodos de descanso y guardias localizadas, lo que, según los controladores, incrementaba su carga laboral sin una negociación previa y sin los preceptivos estudios al respecto, algo que sindicatos como SPICA repetidamente han solicitado y no se han tenido en cuenta ni obtenido respuestas.
Fue preludio de la “semana de 6 días” , es decir , controladores a turnos trabajando 6 días a la semana con un día de descanso. Todo ello sin informe previo ninguno.
Además, se suspendió el derecho de los controladores a obtener licencias especiales retribuidas, LER, limitando su capacidad para acogerse a ciertas prerrogativas laborales que anteriormente tenían reconocidas. Esta suspensión fue vista como una medida coercitiva que afectaba negativamente la moral y el bienestar del colectivo.
Otro punto de controversia fue la facultad otorgada a AENA para desplazar temporalmente a los controladores fuera de su centro de trabajo, con ciertas limitaciones. Esta disposición generó inquietud entre los profesionales, ya que podía implicar cambios en sus condiciones de trabajo sin su consentimiento.
Impacto del RDL 1/2010
La implementación del RDL 1/2010 provocó tensiones significativas entre el Gobierno y los controladores aéreos. Estas tensiones culminaron en la crisis de diciembre de 2010, cuando hubo un cierre patronal del espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma por primera vez en la historia democrática del país. A pesar de los intento de criminalización del colectivo de controladores, la firmeza de unos pocos, supuso finalmente la absolución de todos los cargos del colectivo en Madrid. Eso sí, 12 años después… Esta es la principal consecuencia directa de la aplicación de dicho RD en el mes de febrero, el cierre del espacio aéreo español por parte de AENA, dirigida por Carmen Librero en Navegación Aérea, Lema como presidente de AENA y Blanco como Ministro de Fomento. Estos son los tres responsables públicos directamente relacionados con la cadena de decisiones que culminaron en esos sucesos.
A largo plazo, el decreto sentó las bases para una mayor intervención del Estado en la regulación de los servicios de tránsito aéreo, afectando la relación laboral entre AENA y los controladores. Aunque teóricamente se buscaba garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios, las medidas adoptadas generaron un clima de desconfianza y malestar en el colectivo, pero fundamentalmente, y de forma muy poco casual, coincidió en el tiempo con el gran objetivo privatizador del Gobierno y los grupos de interés próximos. Hoy el 49% de la red de aeropuertos está en manos privadas. El objetivo real se cumplió.
Esta situación generó 47 cuasi colisiones en el espacio aéreo español en 2010 poniendo a España en el foco de la falta de seguridad del control europeo. Llegó al Parlamento Europeo.
Opinión de los controladores aéreos
El colectivo de controladores ha expresado repetidamente su descontento con las medidas impuestas por el RDL 1/2010. Argumentan que la normativa no solo afectó negativamente sus condiciones laborales, sino que también puso en riesgo la seguridad aérea al incrementar la carga de trabajo y el estrés asociado. Además, consideran que la falta de diálogo y negociación por parte del Gobierno en la implementación de estas medidas fue una muestra de autoritarismo que vulneró sus derechos laborales. La militarización es en definitiva la representación en máximo exponente de todo el poder del Estado ejercitado abusivamente sobre un determinado colectivo.
En resumen, aunque el RDL 1/2010 se promulgó con un teórico sobre el papel, objetivo, de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de tránsito aéreo en España, las críticas y el descontento de los profesionales generados en estos 15 años, evidencian la importancia de abordar reformas de este calibre mediante el diálogo y la negociación con los profesionales afectados, garantizando así tanto la operatividad del sistema como el respeto a los derechos laborales.