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    Rechazo contundente a la privatización de la gestión de las torres de control canarias

    Se aboga por la suspensión del proyecto de privatización de las torres de control aéreo que no representa una mejora en la eficiencia productiva ni económica.

    Nuevas voces se unen al pleno rechazo del Parlamento canario sobre del proyecto de privatización de la gestión de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, y de dos de los aeródromos de Tenerife, iniciado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) como la segunda fase de la ya realizada a partir de 2011, y que incluye además de éstas las de Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela.

    La negativa del Parlamento de Canarias, a través del diputado del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Pablo Rodríguez, apoyada por Carlos Ester, miembro del grupo de los Populares, y el socialista Jorge González, coincide con la presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, que asegura que este servicio “debe mantenerse en manos de AENA para proteger su carácter esencial” ya que según manifestó, no se puede desvincular de la gestión pública directa estos servicios que actualmente presta AENA.

    Mendoza ha insistido en la necesidad de avanzar en la congestión de los aeropuertos canarios, tal y como establece el Estatuto de Autonomía, así como en que los servicios de servicios de las torres de control de El Hierro y La Gomera sigan siendo automatizados con el sistema AFIS, “algo que no es de recibo a estas alturas” añadió.

    En esta línea, el sindicato CSIF, se une al pleno rechazo del Parlamento Canario al considerar que ENAIRE, como propietaria del 51% de Aena, debe garantizar que prevalezca el interés general por encima de los intereses particulares de los accionistas de Aena. Insiste además, en que el proyecto de privatización no representa una mejora en la eficiencia productiva ni económica, compromete la seguridad de los vuelos, perjudica las condiciones de los trabajadores al reducir puestos de trabajo, prioriza los beneficios económicos y propicia «que los sectores clave de nuestra economía y los servicios públicos quedan en manos de empresas privadas» han manifestado.

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