En un archipiélago donde el transporte aéreo constituye el principal eje de conectividad económica, turística y social, cualquier alteración en la prestación del servicio de control de tráfico aéreo genera impactos inmediatos en la operatividad y en la percepción de seguridad. El 22 de enero de 2026, durante la sesión de la Federación Canaria de Islas (FECAI) celebrada en el marco de FITUR 2026, los siete cabildos insulares aprobaron por unanimidad un pronunciamiento que pone en el centro del debate la gestión privada del servicio en cuatro aeropuertos clave: La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, actualmente encomendada a la empresa SAERCO.
Pronunciamiento de la FECAI: exigencia de parámetros regulatorios estrictos
La FECAI reclama que el servicio de control de tráfico aéreo se preste siempre dentro de los estándares de seguridad, continuidad y fiabilidad exigidos por la normativa europea y nacional, en particular el Reglamento (UE) 2017/373 y las disposiciones de AESA. El pronunciamiento insta explícitamente a la reversión a gestión pública de las torres afectadas, argumentando que el modelo actual no está demostrando capacidad para mantener la plena operatividad sin recortes.
Esta posición institucional surge tras reiteradas evidencias de precariedad en las plantillas de controladores de SAERCO, que han derivado en reducciones horarias y limitaciones operativas. La exigencia no se basa en ideología, sino en la obligación de proteger un servicio esencial cuya interrupción afecta directamente a la accesibilidad de las islas.
Casos concretos: El Hierro como precedente preocupante
El Aeropuerto de El Hierro ha sido el más afectado hasta la fecha. La falta de personal cualificado llevó a Aena a prorrogar reducciones de horario operativo —inicialmente en 20 minutos al inicio de jornada y posteriormente ajustadas—, manteniéndose restricciones hasta al menos el 31 de enero de 2026 según comunicaciones oficiales. Esta medida, aunque temporal, ilustra la fragilidad del sistema cuando la dotación de controladores no alcanza los niveles mínimos para cubrir turnos con las garantías requeridas por la normativa de fatiga y descanso.
En aeropuertos con tráfico bajo pero alta dependencia estacional y meteorológica, cualquier recorte horario reduce la ventana de operación, incrementa cancelaciones por condiciones adversas y erosiona la confianza de aerolíneas y pasajeros.
Demanda específica de El Hierro y La Gomera: fin del sistema AFIS
Las islas de El Hierro y La Gomera van más allá y reclaman la sustitución inmediata del servicio AFIS (Aerodrome Flight Information Service) —implementado por Aena en ambos aeródromos— por un servicio completo de control de aeródromo prestado por controladores profesionales.
El AFIS proporciona información pero no emite autorizaciones de aterrizaje o despegue, lo que obliga a los pilotos a basarse en “see and avoid” en entornos con orografía compleja y meteorología variable. Un servicio ATC completo permitiría:
- Guiar maniobras con mayor precisión en condiciones marginales
- Reducir cancelaciones meteorológicas
- Incrementar slots disponibles y mejorar la conectividad
Esta transición reforzaría la seguridad operacional y alinearía estos aeropuertos con estándares más elevados, especialmente críticos en islas con limitada alternativa modal.
Análisis técnico y regulatorio: ¿por qué la reversión se plantea ahora?
La gestión liberalizada de torres en España, iniciada en 2011, buscaba eficiencia y reducción de costes. Sin embargo, en aeropuertos de bajo volumen como los canarios menores, el modelo privado enfrenta dificultades estructurales: captación y retención de controladores, cumplimiento de ratios de personal y adaptación a picos estacionales.
La propia normativa AESA exige que el proveedor demuestre capacidad sostenida para prestar el servicio sin comprometer la seguridad. Cuando una entidad admite en sede judicial limitaciones para asumir el servicio con plenas garantías —como se ha señalado en el debate—, se activa la obligación de las autoridades de adoptar medidas cautelares transitorias, tal como solicita también el sector profesional.
¿Hacia un replanteamiento estratégico del modelo de liberalización?
La posición unánime de la FECAI representa un aviso claro al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: la continuidad del servicio en los aeropuertos canarios no puede subordinarse exclusivamente a criterios de rentabilidad económica. La pregunta estratégica que queda abierta para el sector es si el modelo de liberalización parcial, tal como se aplica en entornos insulares de bajo tráfico, resulta viable a largo plazo o si, por el contrario, tal y como defiende SPICA, requiere un retorno selectivo a la gestión pública para preservar la resiliencia del sistema aeroportuario español.