Madrid, SP.- El caos aéreo que paralizó España en diciembre de 2010, cuando AENA decretó el RATE 0, y el Gobierno decretó el Estado de Alarma, sigue generando controversia 14 años después. Esta vez, un informe publicado por El País, ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la gestión de las indemnizaciones a pasajeros afectados, en las que el bufete Cremades & Calvo-Sotelo cobró 17 millones de euros. Según el exhaustivo análisis realizado por el sindicato de controladores Spica, al menos 3.711 de los 12.138 pasajeros indemnizados no tenían derecho a compensación.
El descubrimiento de Spica: Indemnizaciones no suficientemente corroboradas
El sindicato Spica llevó a cabo un chequeo sobre las facturas presentadas por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que figuraban en el propio Sumario, revelando que más del 60% de las indemnizaciones pagadas no correspondían a pasajeros afectados por el cierre del espacio aéreo. En su análisis, revisaron 6.249 viajeros del listado proporcionado por el bufete, que figuraban en dicho Sumario, y encontraron que 3.711 de ellos no tenían derecho a recibir compensaciones. Entre las rutas que aparecían en el listado estaban trayectos ajenos al espacio aéreo de Madrid, como vuelos entre París-Biarritz, Barcelona-Riga o Milán-Valencia, que no fueron controlados desde el centro de Torrejón de Ardoz.
Esta situación plantea dudas sobre la veracidad del proceso de compensación y pone en evidencia la falta de control en la gestión de los pagos a los pasajeros afectados. El bufete utilizó, entre otras fuentes, datos proporcionados por una plataforma creada por el diario El Mundo, que estuvo muy beligerante con el colectivo de controladores aéreos durante el cierre patronal del espacio aéreo de 2010, publicando informaciones no veraces, tal y como quedó reflejado en la sentencia absolutoria de todos los controladores aéreos, animando a miles de personas a registrarse como afectados por el caos aéreo, aunque no todas cumplían con los requisitos legales para recibir una compensación. El artículo de El País no desvela, que «beneficio» obtuvo El Mundo de toda esta trama.
Y es que el bufete Cremades ha declarado que ha pagado 9,3 millones de euros a 7.863 pasajeros, cobrando una comisión del 30%, lo que equivale a 3 millones de euros. Sin embargo, aún restan cinco millones por adjudicar a los pasajeros que no han recibido su compensación. Según las cuentas del bufete, estos fondos todavía no han sido distribuidos a los reclamantes.
Pacto secreto con USCA y el papel de Spica en la denuncia
El bufete y el sindicato mayoritario de controladores aéreos USCA, habrían pactado un acuerdo secreto para indemnizar a los pasajeros afectados por el caos aéreo (tal y como señala la información publicada por El País). Este pacto tenía como objetivo evitar sanciones a los controladores procesados y retirar las acusaciones en su contra. Sin embargo, el sindicato Spica, tras una exhaustiva revisión de los datos, ha sido clave para destapar esta falta de corroboración de los afectados con derecho a pago, cuestionando la transparencia del proceso, y revelando cómo se incluyeron vuelos que no tenían relación con los días afectados, y que por lo tanto no deberían ser receptores de indemnización alguna.
Y ahora es el momento de preguntarse ¿por qué Spica se vió obligada a analizar la legitimidad de las indemnizaciones a los pasajeros defendidos por Cremades? La explicación es:
Al contrario que la OCU, que tras cobrar indemnizaciones abandonó la causa, el despacho de Cremades&Calvo Sotelo, continuó como acusación después de haber cobrado. Pero es que además, de forma inexplicable, la Sentencia en 1ª Instancia, condenó a pagar los más de 12 millones de € en indemnizaciones que ya habrían sido satisfechas a los pasajeros representados por Cremades anticipadamente. Usca recurrió el fallo judicial notificando que Cremades había informado previamente que no ejercería sus acciones sus judiciales contra los 126 encausados del sindicato Usca. Así lo recogió la Sentencia modificada condenando exclusivamente a los 7 encausados pertenecientes a Spica al pago completo ¡duplicado! de nada menos que 12 millones de euros a Cremades. Es por este motivo, en defensa propia, por el que este sindicato, que propició la absolución de todos los encausados (incluidos los 126 de Usca), se vió obligado a hacer un exhaustivo análisis detallado a los demandantes, supuestamente afectados por el cierre patronal del Espacio Aéreo, representados por Cremades.
Spica denunció que las indemnizaciones fueron pagadas sin la debida revisión, lo que permitió que personas sin derecho a compensación recibieran sumas considerables, mientras que muchos pasajeros afectados, se quedaron sin recibir nada. A pesar de las denuncias, el bufete ha seguido administrando los fondos restantes, argumentando que los pagos pendientes se realizarán próximamente.
Repercusiones y falta de transparencia
Este escándalo, que en ambientes del control aéreo español ya se conoce como «USCAgate«, ha desatado una ola de indignación tanto entre el colectivo de controladores aéreos como entre los pasajeros afectados, que reclaman mayor transparencia en la gestión de los fondos. El hecho de que una parte tan significativa de los 17 millones destinados a las indemnizaciones haya sido distribuida a pasajeros que no tenían realmente derecho a cobro, pone totalmente en entredicho la fiabilidad de los mecanismos de compensación implementados por el bufete.
“Cremades lo tenía todo preparado para dar el pelotazo, nos engañaron después de torcer el Derecho para llevarse EL dinero”
Pedro Gragera, presidente de USCA
Mientras tanto, los controladores que contribuyeron al fondo a través de sus salarios exigen explicaciones sobre cómo se gestionó el dinero. Según Spica, el sindicato USCA no revisó adecuadamente los listados proporcionados por Cremades & Calvo-Sotelo, confiando ciegamente en los datos suministrados, lo que derivó en esta situación que ahora se ha revelado, de pagos masivos sin una exhaustiva comprobación.
“Es un caso patológico de profesionales muy formados y con carrera, una indefensión aprehendida con estrés postraumático, un síndrome de Estocolmo para permanecer ajeno a todo conflicto”
Tomás Virseda, secretario general del sindicato Spica
El papel de la OCU en el proceso
Además de las gestiones del bufete, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también estuvo implicada en la gestión de compensaciones. La OCU recibió 2,8 millones de euros del sindicato USCA para indemnizar a 2.440 pasajeros. Sin embargo, los datos proporcionados por la organización también fueron puestos en duda, ya que muchos de los pasajeros reclamantes incluidos en sus listados, tampoco cumplían con los requisitos. A pesar de ello, la OCU ha defendido su transparencia, asegurando que sus cuentas son auditadas anualmente.
Dicha organización, afirma haber pagado 2,1 millones de euros a 1.799 pasajeros hasta el momento, aunque aún quedan más de 600 por ser indemnizados. Estos hechos resaltan la falta de control en la verificación de los datos y el manejo de los fondos destinados a las indemnizaciones, generando una creciente frustración entre los pasajeros legítimos que aún esperan sus compensaciones.
Un escándalo que sigue abierto
Tras más de catorce años del caos aéreo, el caso de las indemnizaciones gestionadas por Cremades & Calvo-Sotelo sigue generando controversias. Con 5 millones de euros aún pendientes de adjudicación y miles de pasajeros sin compensar, las acciones legales y las demandas por parte de los afectados podrían continuar en los próximos años, mientras que la auditoría realizada por Spica, ha abierto un nuevo capítulo en este largo conflicto. Especialmente injusto es todo esto, tras demostrarse en marzo de 2022 la inocencia de los controladores, víctimas del complot estatal, y además, forzados a pagar ellos las legítimas indemnizaciones de los pasajeros engañados.