Sevilla, SP.- El debate sobre la prejubilación de los controladores aéreos en España ha ganado fuerza en los últimos días, tras la publicación de un artículo en el diario “El País” que pone de manifiesto una demanda central del sector: la posibilidad de prejubilarse a los 55 años, tal como ocurre en la mayoría de los países europeos.
Marcelino Victoria, responsable del área internacional del Sindicato de Controladores Aéreos (SPICA), ha sido una de las voces más destacadas en esta reivindicación. En sus declaraciones a “El País”, Victoria subrayó la necesidad de que España se equipare a otros países de la Unión Europea en lo que respecta a las condiciones de prejubilación de los controladores aéreos. Según explicó, la naturaleza exigente de esta profesión justifica plenamente la reducción de la edad de jubilación.
«Es inaceptable que los controladores aéreos en España continúen enfrentándose a condiciones de jubilación que no se ajustan a los estándares europeos», afirmó Victoria. «La falta de armonización en esta cuestión no solo nos pone en desventaja respecto a nuestros colegas europeos, sino que también afecta la calidad y seguridad del servicio que ofrecemos«.
Actualmente, en países como Francia, Alemania o Italia, los controladores aéreos pueden acogerse a la prejubilación a partir de los 55 años, un derecho que reconoce el desgaste físico y psicológico que supone el ejercicio de una profesión tan demandante. En España, sin embargo, la edad de jubilación se mantiene significativamente más alta, lo que ha generado una creciente presión por parte del sector para que el Gobierno adapte la normativa.
SPICA lidera esta lucha, insistiendo en que la prejubilación a los 55 años no solo es justa, sino también necesaria, para garantizar la seguridad aérea. Los controladores aéreos desempeñan un papel crucial en el tráfico aéreo, y las condiciones de estrés constante y alta responsabilidad hacen que su capacidad para desempeñar estas funciones de manera efectiva pueda verse mermada con la edad.
Esta medida no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también permitiría una renovación generacional en el sector, dando paso a nuevos profesionales que podrían aportar frescura y adaptabilidad en un entorno en constante cambio.
El artículo de “El País” ha contribuido a visibilizar esta demanda y a destacar el papel de SPICA en la defensa de los derechos de los controladores aéreos. La publicación refleja la presión creciente sobre el Gobierno para que tome en consideración estas demandas y aplique reformas que alineen a España con las normativas laborales europeas.
Mientras tanto, desde SPICA se hace un llamamiento a la unidad y al compromiso de todos los afiliados para seguir luchando por estas reivindicaciones. «No vamos a desistir hasta que se nos garantice un trato justo y acorde con el resto de Europa”.
Los frutos maduros de la Declaración de Sevilla
Por otra parte el que un periódico como El País se haga eco de esta cuestión en los términos en que lo hace significa evidentemente que la Declaración de Sevilla, de noviembre de 2023 está dando sus frutos, y ha llegado ya a las esferas más altas, en las que se toman las decisiones. En su punto 2º de esta Declaración se solicitaba a EASA la adopción de medidas correctoras urgentes para situar a España en el entorno en el que debe encontrarse, contradiciendo la coherencia debida en la directiva europea de prevención y salud laboral 89/391/CEE «developing a coherent overall prevention policy».
Es el momento en el que en la Europa de la libre circulación de personas y capitales, circulen libremente también las políticas de prevención y salud laboral, y muy especialmente cuando éstas afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos europeos cuando son pasajeros. La falta de evaluación de riesgos sobre los cambio realizados en España para la activación de ERS, a pesar de ser un requisito indispensable establecido por la directiva marco de prevenciòn anteirormente citada, pone en entredicho la equiparación de los estándares de seguridad idénticos dentro de la Unión Europea. La coartada de la necesidad de la aprobación del Ministerio de Hacienda para estas modificaciones, si no es resuelta en España, quizás es un buen tema de debate y resolución en el propio Parlamento Europeo.
Por tanto los frutos de la Declaración de Sevilla, apoyada por SPICA desde el primer momento, junto con otras organizaciones, parece ser, a tenor del eco en un periódico como El País, ha llegado a su punto de maduración, después de tantos años, y por lo tanto es el momento de recoger los frutos en forma de mejora del trato discriminatorio a la hora de jubilarse de los controladores aéreos españoles. Ha llegado el momento.