El Pleno del Ayuntamiento de Málaga celebrado este jueves demuestra que, incluso dentro de la política española, hay muchas personas que están en contra de la privatización de las torres de control. La aprobación de la moción urgente del Partido Popular en la que proponen que el Gobierno central “eche marcha atrás en la privatización de la torre de control del aeropuerto”, exigiendo una gestión pública de la misma, no es más que una prueba de ello.
Los 19 votos a favor de la propuesta vinieron de partidos políticos de todos los colores, demostrando que la seguridad del control aéreo no entiende de ideologías. El PSOE, sin embargo, marcaba las 12 abstenciones del pleno, quedándose solo frente al resto de negativas ante la privatización.
El Ayuntamiento de Málaga ha demostrado su apoyo a los controladores aéreos oponiéndose a la voluntad del gobierno socialista de querer privatizar las torres. Tanto es así, que Antonio Alonso Esteve ha podido intervenir en el pleno en calidad de representante de los trabajadores de Enaire. Como supervisor de la torre de control del Aeropuerto de Málaga, ha recalcado lo que desde SPICA llevamos tiempo avisando: la sustitución de controladores experimentados por otros con falta de experiencia. Toca también el tema de las tasas, que, como dijimos en su momento, no se verían apenas afectadas y el “beneficio para el pasajero sería nulo”.
“En ningún país de la UE se ha privatizado un aeropuerto de tanta envergadura”
Antonio Alonso Esteve
Alonso asegura que este proceso de privatización de la torre de Málaga provocaría “la segregación de los servicios de torre y aproximación” y el requerimiento de “más personal para proveer el mismo servicio, aumentando os costes globales y reduciendo la eficiencia del sistema”.
Florido Gómez, representante del PP, comparte la idea anterior de que “esta no es una medida que vaya a beneficiar a los usuarios”, ya que el coste de las torres privatizadas “subieron un 4,4%”. Los controladores aéreos, según Gómez, “son nuestros ángeles de la guarda cuando volamos”, alegando que la seguridad no es algo con lo que se pueda comerciar.
Noelia Losada, portavoz municipal de Ciudadanos, también ha resaltado el buen funcionamiento de la torre de control de Málaga bajo control público, alegando que “lo que funciona no hay que tocarlo”. Sobre todo, si tras tocarlo es probable que se venga todo abajo. Se muestra “radicalmente en contra” tras haber conversado con algunos de los 130 controladores afectados por la privatización en la torre de Málaga. “La preocupación es máxima. No se puede tocar una piedra angular como es el aeropuerto, y menos su cerebro operativo”.
Unidas Podemos ha manifestado en reiteradas ocasiones su descontento ante la privatización. Su portavoz, Nicolás Sguiglia, se ha solidarizado con los trabajadores que serían afectados por esta medida. “Los sectores estratégicos deben estar en manos públicas”, advierte. Además, los diputados Rafael Mayoral, Antonia Jover y Lucía Muñoz se reunieron este miércoles con el sindicato USCA para expresar su apoyo y pedir desde el propio partido que “la Ministra de Transportes dé marcha atrás”.
El PSOE, por desgracia, justifica su decisión alegando que esta medida aumentará la competitividad de los aeropuertos, cosa que hemos demostrado incierta en reiteradas ocasiones. “Hay que diferenciar privatizar de liberalizar”, dice Jorge Miguel Quero Mesa, como si a efectos prácticos esto supusiese diferencia alguna para los controladores.
Entendemos que la posición del resultado final de la votación en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga es la que deberían seguir todas las organizaciones políticas, Gobierno incluido. La seguridad de los pasajeros y las condiciones laborales de los controladores no deberían quedar a la suerte de una empresa privada.