La Asociación Europea de Controladores de Tránsito Aéreo, ATCEUC ha sido informada de la decisión de la Secretaría de Estado de Transportes España sobre la privatización del Control de Tráfico Aéreo de las torres de siete de los principales aeropuertos españoles. Esta decisión se basa en el documento E/CNMC/002/2018 ESTUDIO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO EN ESPAÑA, un informe considerado «defectuoso y lleno de supuestos teóricos» sobre un utópico mercado ATC que se aleja demasiado de la realidad.
«El control de la navegación aérea es una tarea que implica el ejercicio de la función pública y no tiene carácter económico, ya que esta actividad constituye un servicio de interés público que pretende proteger tanto a los usuarios del transporte aéreo y las poblaciones afectadas por las aeronaves que sobrevuelen».
Extracto de la sentencia C.364/92 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Además, ATCEUC considera que se ha ignorado el hecho de que la actual prestación simultánea de Servicios de Torre y Control de Aproximación por parte de la misma Unidad ATC (ENAIRE) es más eficiente que la propuesta de separación de estas dos infraestructuras. De hecho, todos los ANSP que han segregado las unidades de Torre y de Control de Aproximación han experimentado en algún momento la necesidad de aumentar el número de Controladores de Tráfico Aéreo para los mismos niveles de servicios, destruyendo las tan deseadas sinergias por la separación de estas tareas.
Asimismo, los dos ANSP privados SAERCO y Skyway (antes FERRONATS) que dan servicio a doce aeropuertos desde 2011, han demostrado claramente que su principal objetivo es el beneficio a corto plazo ignorando por completo la necesidad de Diálogo Social y provocando una degradación de las condiciones laborales de sus controladores aéreos.
Está claro para ATCEUC, que esta forma de llevar a cabo la privatización de un servicio tan fundamental solo conduce a un bajo rendimiento y conflicto social, dado que esta situación de larga duración, ha desembocado en la convocatoria de huelgas desde el pasado mes de enero. Para ATCEUC es evidente que esta forma de llevar a cabo la prestación de un servicio tan fundamental, sólo conduce al bajo rendimiento y a conflictividad social.
En esta ocasión, el Ministerio de Transportes español ha puesto sobre la mesa una privatización a una escala mucho mayor y que afecta a todos los aeropuertos principales excepto a los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Unos centros de negocios y turismo los de Palma, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Bilbao, Tenerife Norte y Santiago por los que pasaron más de 82 millones de pasajeros en 2022, y que los convierte en nodos vitales de la red europea.
Además, ATCEUC destaca los riesgos que implica la transición de estas torres a contratistas privados, considerando el desarrollo de la última privatización realizada en España. De hecho, todos los ATCOs con experiencia en las torres fueron reemplazados de inmediato por otros, cuya mayoría no tenía ninguna experiencia operativa ATC. Por lo tanto, la Asociación Europea de Controladores de Tránsito Aéreo, se opone firmemente a estas prácticas, en aras de la seguridad en primer lugar, pero también por respeto a los derechos de los trabajadores de acuerdo con las normas europeas.
«La privatización prevista es excesivamente ambiciosa … y dará lugar a un panorama significativamente diferente con posibles efectos negativos que podrían extenderse a toda la red europea»
Ante esta situación ATCEUC buscará la implicación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)en este asunto, como autoridad de supervisión responsable de la seguridad, algo que evidentemente queda fuera de las prioridades de la privatización, así como la garantía de calidad del proceso de formación de los profesionales que solicitan trabajar en las torres recién privatizadas, que debe ser analizada a fondo y aprobada de acuerdo con los más altos estándares de seguridad.
No obstante, la privatización prevista es excesivamente ambiciosa debido a las complejidades de la segregación de la torre y los servicios de aproximación, así como por la enorme escala de los aeropuertos implicados, y dará lugar a un panorama significativamente diferente con posibles efectos negativos que podrían extenderse a toda la red europea durante el ajetreado tráfico estival. A cambio de asumir estos riesgos, el Ministerio de Transportes español sólo cita una posible bajada de las tarifas aéreas, un hecho que no se ha demostrado en el pasado proceso de privatización.
ATCEUC también ha tomado nota de la reciente dimisión de la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y anterior presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera debido a decisiones erróneas tomadas en el sector ferroviario, y ha destacado que la misma calidad del proceso de toma de decisiones se viene observando en el sector ATM.
Por ello, ATCEUC desea sugerir a las autoridades españolas, que pongan fin a todas las actividades en relacionadas con esta privatización no eficiente del sector ATM y animar al sucesor en la Secretaría de Estado de Transportes a reconsiderar esta decisión, teniendo en cuenta los hechos y la información pertinente en cooperación con todas las partes interesadas del sector de la aviación.